Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus: “Lo que está haciendo Estados Unidos contra los venezolanos es una gran injusticia”

El reciente fallo del Tribunal Supremo, que levanta el veto temporal que había impuesto un juez federal de California para blindar a 350.000 venezolanos con Estatus Protección Temporal (TPS) mientras se desarrolla el juicio sobre la eliminación del programa, ha dejado a miles de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro en riesgo de deportación.

La comunidad sigue digiriendo la noticia, que de entrada afecta a un tercio de toda la diáspora en el país, pero podría sumar a más de la mitad si el próximo mes de julio —como es de esperar— tampoco se renueva el beneficio para el grupo de 250.000 venezolanos que recibió el TPS en 2021.

La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, al frente de la defensa legal y moral de los venezolanos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, conversó por teléfono con EL PAÍS sobre las consecuencias del dictamen judicial y las acciones que tomarán a partir de ahora junto a otras diásporas que temen que este sea el inicio del fin del TPS en Estados Unidos.

Pregunta. En una transmisión en redes sociales, comentó que dentro de lo malo, esto era lo menos malo. ¿A qué se refería?

Respuesta. La Corte Suprema pudo haber dictaminado que el juez federal de California (Edward Chen) no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre la continuidad del TPS ni pasar por encima de la orden dada por la secretaria Noem. De haber ocurrido, habría acabado con la posibilidad de que el juicio continuara. El problema es que los beneficiarios se quedan sin protección hasta que termine todo este proceso legal.

P. Entonces ahora mismo los 350.000 venezolanos afectados son vulnerables a la deportación.

R. Esta pregunta la voy a responder como activista, pero los abogados estarían de acuerdo conmigo. Mientras la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no se actualice, las personas seguirán con estatus, pero el cambio llegará en cualquier momento (en efecto, la actualización se produjo la noche del miércoles). Nos hace falta información, pero lo que tememos es que miles de personas se quedarán sin estatus legal y, con ello, sin permiso de trabajo y sin licencia de conducir. No sabemos si les enviarán una notificación para que abandonen el país, como ya ocurrió con los migrantes que tenían parole humanitario. Estamos a la espera, pero si alguien fuera detenido, no puede ser expulsado de un día para otro, podrá pelear su caso en una corte de inmigración.

P. Dice que la batalla legal continuará en los tribunales, ¿cuándo podría llegar la decisión final?

R. El juicio sigue y tenemos mucha esperanza en ganarlo, pero puede tardar meses o años. No voy a mentir. Una vez tengamos la sentencia final, vendrá un período para las apelaciones, y el caso podría regresar a la Corte Suprema. Por eso pedimos la moción de emergencia en la corte federal de California, para que los beneficiarios quedarán protegidos hasta que hubiera una decisión final, pero dolorosamente la Corte Suprema decidió a favor de la Administración Trump.

P. ¿Qué acciones llevarán a cabo a partir de ahora?

R. Estamos coordinándonos con organizaciones y diásporas aliadas. Vamos a presionar en el área legislativa porque el Congreso podría cambiar esta historia, aunque es bastante difícil por la composición de la Cámara baja (con mayoría republicana), pero no por eso lo vamos a dejar de intentar. Vamos a hacer mucho ruido en Washington, y haremos valer todas las herramientas que nos da la Constitución para defender a nuestra gente. Lo que se está haciendo contra los venezolanos es una gran injusticia.

P. La alcaldesa demócrata de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la alcaldesa independiente de Doral, Christi Fraga, se pronunciaron en contra de la decisión.

R. La alcaldesa Fraga expresó su preocupación y se lo agradecemos, pero lo hizo después de firmar un convenio con ICE para coordinar esfuerzos y detener inmigrantes. Tomando en cuenta que el 40% de los habitantes de esa ciudad son venezolanos, seremos los más perjudicados por su decisión. Por su parte, la alcaldesa Levine ha sido más coherente y nos ha dado un apoyo incondicional. Se ha mostrado completamente a favor de los inmigrantes porque somos una parte fundamental de la ciudad. Especialmente los venezolanos. En cualquier caso, este no es un momento de palabras. Lo que están sufriendo cientos de miles de familias de venezolanas no se arregla con comunicados, se enmienda con acciones y apoyos reales. Sabemos que la Administración Trump no va a responder a ninguna de estas peticiones, incluso las que llegan desde el seno de su partido, pero las necesitamos para desmitificar la matriz de opinión que se ha creado contra nosotros.

P. ¿Cuál cree que será la suerte del TPS para el resto de comunidades migrantes?

R. Esto abre una puerta para algo realmente devastador: la eliminación del TPS para todos los países. Sin lugar a dudas, los otros 16 países que tienen un Estatus de Protección Temporal tienen que sumarse a la lucha porque es lo que viene.

P. ¿Cuál es la recomendación para las miles de familias que ya tienen arraigo en el país y no pueden regresar a Venezuela por la persecución política?

R. La lucha sigue. Todos los que no tengan otros estatus que los ampare, deberían buscar a un abogado migratorio para explorar opciones. Algunos podrían aplicar al asilo, pero cada caso es distinto. Tienen que asesorarse.