Cinco claves para entender la reclasificación de la marihuana en Estados Unidos

Desde hace más de medio siglo, la marihuana ha sido tratada por el Gobierno federal de Estados Unidos como una de las drogas más peligrosas existentes. Hace una semana, sin embargo, el presidente Donald Trump tomó la decisión de reclasificar la sustancia a una categoría que la colocaría con otras consideradas de menor peligro, lo que, un poco por sorpresa, marcó un giro histórico en la política de drogas estadounidense.

Pero a pesar del cambio —que no será inmediato— su orden ejecutiva tendrá ciertos límites, en especial para la industria. A continuación, cinco claves para entender qué cambia, qué no y por qué el debate sobre la reclasificación sigue abierto.

La marihuana aún será ilegal

La orden ejecutiva firmada el 18 de diciembre no legaliza la marihuana para uso recreativo ni médico; tampoco elimina las prohibiciones federales sobre su producción, venta o transporte entre Estados. Lo que hace es iniciar el proceso para moverla de la Schedule I (categoría 1) a la Schedule III (categoría 3) de la Ley de Sustancias Controladas.

La Schedule I agrupa sustancias que, según la ley federal, no tienen uso médico aceptado y presentan un alto potencial de abuso. En ella figuran drogas como la heroína, el MDMA o el LSD. La Schedule III, en cambio, incluye sustancias con un uso médico reconocido y un riesgo moderado o bajo de dependencia, como la ketamina o la codeína. El cambio supone un reconocimiento oficial de que la marihuana tiene un valor terapéutico y no merece el tratamiento reservado a las drogas más peligrosas.

El cambio no es inmediato, el proceso apenas comienza

Aunque el anuncio presidencial ha sido presentado como un cambio histórico, la reclasificación no es automática. La ley no permite que el presidente modifique por sí solo la clasificación de una sustancia. La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a completar el proceso “de la manera más expedita posible”, pero ese proceso puede durar meses.

El Gobierno tiene dos opciones: una tradicional con avisos públicos, comentarios y posibles audiencias administrativas, y otra más rápida basada en disposiciones legales vinculadas a tratados internacionales. Esta última permitiría acortar plazos, pero también podría generar más litigios por parte de grupos opositores, que ya han anunciado su intención de impugnar la medida en los tribunales.

El mayor impacto será económico, no social

Para la industria del cannabis, la reclasificación tiene consecuencias prácticas inmediatas. Al dejar de ser una sustancia de la Schedule I, las empresas del sector dejarían de estar sujetas al artículo 280E del código tributario, que les impide deducir gastos ordinarios como salarios, alquileres o mercadotecnia. Durante años, esto ha obligado a muchas compañías a pagar tipos impositivos muy superiores a los de otros sectores.

El alivio fiscal podría liberar millones de dólares para reinversión, contratación y expansión. Sin embargo, persistirán otros problemas estructurales. El acceso pleno al sistema bancario aún será limitado, ya que, aunque la reclasificación puede reducir el riesgo percibido por bancos y procesadores de pagos, no garantiza que las empresas puedan operar como cualquier otro comercio ni aceptar tarjetas de crédito de forma generalizada.

Investigación médica con límites claros

Uno de los argumentos centrales de la Casa Blanca es que el cambio facilitará la investigación científica sobre los usos médicos del cannabis, especialmente del CBD. Al pasar a la Schedule III, los investigadores dejarían de enfrentarse a algunos de los requisitos más estrictos impuestos a las sustancias de la Schedule I, lo que podría acelerar ensayos clínicos y ampliar la participación de universidades y hospitales.

Aun así, los expertos advierten que no se trata de una transformación instantánea. Los científicos seguirán obligados a obtener cannabis de proveedores autorizados por el Gobierno federal, y muchas reglas sobre almacenamiento, seguridad y suministros no dependen únicamente de la catalogación. La reclasificación abre la puerta a más estudios, pero no elimina todos los obstáculos que han limitado la investigación durante décadas.

Resistencia política a pesar de la aceptación social

Las encuestas muestran que una mayoría de los estadounidenses apoyan algún tipo de legislación de la marihuana y la tendencia ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas. Además, la mayoría de los Estados permite su uso médico, y casi la mitad ha legalizado el uso recreativo.

Sin embargo, la medida ha generado una fuerte oposición dentro del propio Partido Republicano. Decenas de legisladores han pedido al presidente que dé marcha atrás, con el argumento de que la marihuana es adictiva, no tiene valor médico probado y supone un riesgo para la seguridad vial y laboral. Para ellos, la reclasificación envía un mensaje equivocado a los jóvenes y podría agravar la crisis de adicciones.