No cabe duda de que los venezolanos podrían ser beneficiarios del TPS como lo define la ley

Hasta ahora, unos 607.000 venezolanos han sido beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) por dos actos diferentes. El último lo expidió el Gobierno Biden en 2023 y cubre a unas 350.000 personas. Este es el que la Administración Trump va a retirar por considerar que es contrario al “interés nacional” y beneficia a miembros del Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista extranjera en febrero pasado. Si bien esto fue avalado por el Tribunal Supremo, lo cierto es que si los 7.000 miembros del Tren de Aragua estuvieran en Estados Unidos —que no es el caso— y todos estuvieran amparados por el TPS —que tampoco lo es— serían solo el 2% de los 350.000 que perdieron el estatus la semana pasada y menos del 1,2% del total.

Washington está en todo su derecho de conceder o quitar el TPS a quienes considere mejor. Sin embargo, la forma abrupta en que se ha hecho en este caso y la profunda crisis económica y social de Venezuela, sumadas a su inmensa corrupción, pueden profundizar la catástrofe humanitaria y someter a los deportados a amenazas de parte de la dictadura de Maduro. No deja de ser aterrador que —de acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados— casi ocho millones de venezolanos han abandonado su país. Buscan escapar del deplorable estado en que lo está dejando la Revolución Bolivariana, especialmente desde la llegada de Maduro. Y muchos de ellos, aunque no son la mayoría, han llegado a Estados Unidos.

El TPS es un programa humanitario que administra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Está destinado a ciudadanos de países, designados por Washington, que estén atravesando por un conflicto armado, desastres naturales o situaciones temporales extraordinarias. Quienes cumplan los requisitos y lo obtengan, pueden permanecer en Estados Unidos, trabajar y eventualmente viajar al exterior a pesar de su status de protección.

Fue creado por el Congreso de Estados Unidos en la Ley de Inmigración de 1990, impulsada y sancionada por el Gobierno republicano de George H. W. Bush. Su aprobación fue claramente bipartidista en el Senado —con 89 votos a favor y 8 en contra— y algo menos en la Cámara de Representantes, con 231 votos a favor —la mayoría demócratas— y 192 en contra, la mayoría republicanos.

La crisis interna de Venezuela es tan profunda que, aunque el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) estimaba en 2015 que en 2020 Venezuela tendría en 32,6 millones de habitantes, lo cierto es que solo llegó a 28,5 millones de habitantes en 2024, según el centro de análisis Worldometers. Esto debería ser motivo de reflexión.

Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del planeta. En la segunda mitad de los años 90 su producción estaba en ascenso, con alrededor de tres millones de barriles diarios, y alcanzó su pico más alto de casi 3,2 millones de barriles al día en 2000. Este fue el año siguiente al de la llegada de Hugo Chávez al poder por primera vez, en marzo de 1999.

A partir de ahí, la mayor fuente de recursos del país cayó hasta alrededor de 2,5 millones de barriles diarios en 2014, el año siguiente a la llegada al poder de Nicolás Maduro. Desde ese momento, la producción petrolera se vino a pique, y con ella la economía venezolana, que ya venía sufriendo los efectos del “Socialismo del Siglo XXI”, que había acogido Hugo Chávez en 2005. En 2020, la producción tocó el fondo con 527.000 barriles diarios (la sexta parte del 2000) y en 2024 fue de solamente 873.000 barriles por día.

También en Venezuela, la tasa de mortalidad infantil, que en 1994 fue de 22 niños menores de un año muertos por cada 1.000 niños nacidos, llegó a su mejor punto en 2014 con 14,2 muertes. Desde la llegada al poder de Maduro, este indicador ha empeorado consistentemente, hasta llegar a 24,9 en 2023, una cifra peor a la registrada en 1994.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes también es desastrosa. En 1998 era de 21 muertes por cada 100.000 habitantes, que ya era alta. En cuatro años las muertes violentas se duplicaron hasta llegar a 42 en 2002, a 62 en 2013 cuando llegó Maduro al poder y a una aterradora cifra de 92 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en 2017. La situación parece haber mejorado recientemente, pero la transparencia de las cifras ha sido duramente cuestionada por casi todos los analistas: según el Gobierno en Caracas, la tasa hoy es de 4,1 homicidios por 100.000 habitantes, por debajo de los 10,7 de la tranquila Uruguay y los 5,0 de Estados Unidos en 2024.

La corrupción en Venezuela también es escalofriante. En 1998, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicaba a Venezuela en el puesto 27 entre 180 países; en 2005 ya ocupaba el lugar 130, en 2011 el 172 y en 2024 llegó a la posición 178. Venezuela es hoy uno de los países más corruptos del planeta, solo superado por Somalia y Sudán del Sur, que sufren complejos conflictos internos con millones de personas que requieren asistencia humanitaria, hambrunas y desplazamiento forzoso por la pobreza y la violencia.

Este contexto de corrupción, violencia y empobrecimiento también ha sido caldo de cultivo para bandas criminales de diversa índole, la más famosa de ellas el Tren de Aragua, que hoy se estima tiene unos 7.000 miembros que operan en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, México y Estados Unidos, dedicados al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión, el homicidio y el secuestro, entre otros.

En este escenario, el 28 de julio de 2024 Edmundo González Urrutia le ganó las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, con una votación demostrada de más del 66% que Maduro desconoció olímpicamente, ante la indiferencia o la complicidad de algunos países de la región y la inactividad de la Administración Biden, cuyo manejo de la crisis venezolana fue totalmente errático.

No cabe duda de que los venezolanos podrían ser beneficiarios del TPS como lo define la ley. Es un remedio que aliviaría a muchos, pero es temporal y no arregla el problema de fondo de Venezuela, que es su Gobierno. Si la Casa Blanca quiere apoyar a la región y mantener su liderazgo, debería moverse activamente para evitar que la dictadura venezolana se mantenga hasta convertirse en “paisaje” en la región; debería impulsar el regreso de la democracia, para luego reconstruir la relación bilateral con ese país y su inmensa riqueza energética, que seguramente le interesa al presidente Trump.

¿Podría Marco Rubio liderar ese esfuerzo, usando “la diplomacia hasta donde sea posible y la fuerza hasta donde sea necesario” como dijo Rex Tillerson? Si lo lograra, muy posiblemente los votantes latinos se lo agradecerían en las urnas en 2028.