La atención a los niños con necesidades especiales tensa la relación entre los padres y el Gobierno canario

Un grupo de padres de niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se pone en pie de guerra contra el Gobierno de Canarias. Denuncian el trato que reciben buena parte de los casi 33.000 menores en esta situación que hay en las islas. “Sufrimos un patrón sistemático de sanciones, quejas continuas y presiones organizadas para justificar las expulsiones encubiertas y derivaciones a aulas enclave o centros de educación especial”, denuncia Carolina Buriticá, madre de Victoria, de 9 años, una niña que tiene síndrome de Down. Buriticá compareció el mes pasado ante el Parlamento regional para exponer sus enmiendas a la futura Ley de autoridad docente, con la cual se encuentra en desacuerdo. Este miércoles se reunió con LoLa Padrón, la Diputada del Común (la Defensora del Pueblo en las islas), para plantearle la situación.

El Ejecutivo canario rechaza las quejas: admite que no siempre se llega “con la rapidez o la profundidad deseadas”, pero rechaza cualquier acusación de dejadez. “Nunca se habían puesto tantos recursos ni se había mantenido un diálogo tan constante con la comunidad educativa”, subraya el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, David Pablos.

El término Necesidades Específicas de Apoyo Educativo comprende un amplio abanico de casos de niños que requieren apoyo en las aulas. Uno de los objetivos es que puedan concluir su escolarización con el resto de alumnos y no ser derivados a las aulas Enclave, unidades de escolarización en las que el trabajo diario se aparta significativamente del currículo en la mayor parte o en todas las áreas o materias, según las palabras de la propia Consejería. “No hay comedor, no hay actividades extraescolares, no hay integraciones reales”, denuncia Buriticá. “Y, sobre todo, se pierde el currículo académico”. Las NEAE van desde las dificultades específicas de aprendizaje (DEA) a los trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), pasando por las especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), la incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) o a las altas capacidades intelectuales (ALCAIN).

En España, el número de alumnado con necesidades de apoyo educativo ha aumentado un 75% desde el curso 2017-2018. Ha pasado de 621.000 a más de un millón, según el informe de inicio de curso elaborado por Comisiones Obreras, que se basa en las estadísticas del Ministerio de Educación.

Tres familias, arropadas por la Plataforma Canaria Educación Inclusiva y la Asociación Madres sin Miedo, han relatado a este diario, a modo de ejemplo, la situación actual. En su opinión, los alumnos NEAE suelen ser expulsados en centros de las islas. Incluso en algunos que tienen aulas Enclave, se registran “abusos de autoridad” por parte del profesorado. “Lo estamos pasando muy mal”, asegura Buriticá, “queremos recuperar nuestras vidas, no queremos estar matándonos a defender los derechos de nuestros hijos”. La portavoz asevera que la futura ley de autoridad docente no solo no aborda los problemas estructurales —falta de recursos, auxiliares, formación específica—, sino que puede legitimar prácticas sancionadoras contra menores cuyas conductas están directamente relacionadas con su diagnóstico.

“Es muy importante decir algo claro: la educación especial no es lo que dicen que es. Es mentira”, asegura por su parte Jennifer Martín, quien junto a su marido, Ayoze Trinidad, explica la situación de su hijo de 14 años, con síndrome de Down y TDAH. “Estuvo en un centro de educación especial” durante tres años tras ser “engañada” con el dictamen: “Aprovecharon que yo estaba atravesando una crisis de ansiedad por la situación familiar, por cómo me encontré a mi hijo, y me hicieron firmar diciéndome que estaría ahí solo hasta que se regulara su conducta. Solo pude sacarlo cuando acudí a inspección educativa”. Y cierra: “Llevo dos años luchando con lo mismo: partes, amenazas de expulsión, llamadas constantes”. En su día a día, describe un desgaste económico y laboral severo y explica que ha perdido dos trabajos por esta situación”. “Ahora mismo mi marido está sin trabajar desde enero. No están preparados, no tienen recursos. El recurso somos nosotros”.

A su lado, Aurora Guerra, madre de un niño de 7 años con TDAH con comorbilidad de trastorno negativista desafiante, cuenta una historia similar: “Me vine de Fuerteventura para Gran Canaria buscando más recursos para mi hijo, y lo que he podido comprobar es la diferencia entre maestros vocacionales motivados y los que no lo son”. La vida escolar, dice, se mide por las veces en que la contactan del colegio. “Cada dos por tres me llaman y me dicen: ‘Aurora, ¿puedes venir?… es que el niño tuvo una crisis”. Su hijo tiene un auxiliar, pero a partir de la hora del recreo, y lo comparte con otro niño del centro, una fórmula que se debe a un solo motivo: “Que no hay dinero”, explica.

Relata que buena parte de estos episodios se producen por el modo en que el centro trata a un niño con TDAH. “Bien le dan opciones, algo que no ha de hacerse con un niño de sus características, o bien le retiran los cascos que le insonorizan o el collar mordedor homologado para regularse”. La directora de su centro, denuncia a modo de conclusión, solo busca “librarse del niño”.

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, David Pablos, rechaza de forma tajante estas acusaciones de “maltrato institucional” al alumnado NEAE, y asegura que estas denuncias “no se corresponden con la realidad del sistema educativo canario”. Reconoce, eso sí, que el sistema es mejorable y admite que no siempre se llega “con la rapidez o la profundidad deseadas”.

Según el responsable autonómico, la Consejería mantiene una relación fluida y de colaboración con las principales organizaciones del sector, y replica que la plataforma fue invitada a participar en la elaboración del nuevo marco normativo de atención a la diversidad, iniciado el pasado año, pero declinó hacer aportaciones y optó por intentar paralizar el procedimiento.

Según sus datos, en el curso 2022-2023, el 91,9% del alumnado con NEAE estaba escolarizado en aulas ordinarias. En la actualidad, con unos 8.000 alumnos más, ese porcentaje ha aumentado hasta el 92,25%. “Hay más alumnado con necesidades específicas y, además, más escolarizado en centros ordinarios. La tendencia es claramente positiva”, señala. Asegura, a su vez, que se han destinado más recursos. El presupuesto destinado a personal auxiliar —educativo, sanitario y terapéutico— ha pasado de 13 a 22 millones de euros, “mientras que la plantilla se ha duplicado, de 900 a 1.880 trabajadores. A ello se suman fondos estatales específicos para reforzar la atención en educación infantil y frenar la escolarización temprana en aulas enclave.

Nueva ley

En el fondo de esta tensión está la tramitación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Autoridad del Profesorado, con la que el Ejecutivo regional pretende reforzar el reconocimiento social y la protección jurídica de los docentes. El texto, similar al existente en otras comunidades, reconoce al profesorado y a los equipos directivos como autoridad pública e introduce la presunción de veracidad de sus testimonios en los procedimientos disciplinarios, además de contemplar asistencia jurídica, apoyo psicológico y protocolos de actuación ante incidentes relacionados con el ejercicio de la docencia.

La norma cuenta con el respaldo general de los sindicatos, aunque estos reclaman mejoras sustanciales. Las organizaciones sindicales advierten de que la ley corre el riesgo de quedarse en una declaración simbólica si no va acompañada de financiación suficiente, medidas concretas y una aplicación efectiva.

Las asociaciones de madres y padres han expresado un rechazo frontal al enfoque del proyecto. Varias organizaciones han criticado la ley dado que, consideran, prioriza una visión punitiva de la convivencia escolar, invisibiliza al alumnado y a las familias y puede vulnerar el interés superior del menor. Critican especialmente la presunción de veracidad del profesorado y alertan de que “criminalizar” a niños y adolescentes distorsiona los problemas reales de los centros.