Más de 32.000 personas mueren esperando la dependencia: “Cuando me llamaron, les dije: Saco a mi suegra del féretro y la llevo”

Una persona con dependencia tardó el año pasado, de media, 341 días en ser atendida. Son siete días más que en 2024, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales. Las solicitudes no paran de aumentar, en un contexto de envejecimiento poblacional, y los 1,6 millones de beneficiarios constituyen el máximo de la serie histórica. Pero este aumento de la demanda, unido a la carga burocrática, tiene como consecuencia que se hayan ralentizado los plazos. Muchos no llegan a recibir ninguna prestación. Como la suegra de Olga Nogales, que murió el pasado 23 de octubre mientras esperaba. “El mismo día de su entierro, me llamaron de servicios sociales para decirme que era beneficiaria. Acabábamos de enterrarla. Les dije: ‘esperaos un momentito, que la saco del féretro y me la llevo’. Les dije que habían llegado tarde, que el sistema nos había fallado”, recuerda. Fue una de las 32.704 personas que fallecieron en 2025 esperando por algún trámite de la ley, según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de las cifras oficiales.

Desde el año pasado, el ministerio presenta cada tres meses en rueda de prensa estas cifras y analiza la evolución de los principales indicadores del sistema: solicitudes, prestaciones otorgadas, tiempos de espera. Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha considerado este viernes que los datos son positivos. “Mejoran los indicadores de gestión y de servicio en un contexto en el que la presión sobre el sistema no para de aumentar”, ha valorado. “Se avanza hacia apoyos más personalizados y de base comunitaria”, ha añadido. “Y hay una reducción sostenida y acelerada de la lista de espera”. En concreto, del 18,4% en el último año, hasta situarse cerca de las 152.700 personas que aguardaban a finales de diciembre a ser valoradas para saber si tienen derecho a alguna prestación o servicio o que, teniendo derecho a ellos, aún no los perciben. “Desde 2020, la lista de espera se ha reducido en un 51%”, ha apuntado Martínez.

Sin embargo, este dato solo cuenta a aquellos que llevaban más de seis meses esperando por algún trámite de la ley, una norma que establece específicamente que los usuarios deben ser atendidos en seis meses. Es decir, que la lista de espera del ministerio incluye solo los casos en los que se incumple la ley. Si quienes llevan menos de seis meses esperando se añaden a la estadística, la lista de espera se eleva a más de 258.000, según informa la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lleva años monitorizando los datos oficiales publicados por el ministerio después de recibirlos de las comunidades autónomas, competentes en la gestión del sistema de la dependencia. También supone una reducción respecto a 2024, pero de un 4,5%. Un porcentaje más tímido que el apuntado por el ministerio.

La suegra de Olga Nogales estuvo unos seis meses esperando. Falleció en octubre a los 74 años después de un rapidísimo deterioro tras un ictus que sufrió el pasado abril. Nogales, de 37 años, está casada con Gustavo Portillo, de 46, y ambos viven en Getafe (Comunidad de Madrid) con sus dos hijos pequeños, uno de ellos con gran dependencia. “Tiene autismo, una alteración genética grave y un trastorno de conducta”, cuenta Nogales, que forma parte de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. Así que pocos días antes de que su marido se sometiera a una operación de rodilla que requeriría de una larga recuperación, hicieron una videollamada con su suegra para organizarse con los críos. “Vimos que tenía la cara paralizada. Llamamos a emergencias. Era un ictus. Cuando le dieron el alta, salió andando del hospital, no la derivaron a rehabilitación ni a un hospital intermedio. Pero fue empeorando. Al poco tuvimos que ingresarla con una neumonía por broncoaspiración y ahí empezó el declive”, afirma esta mujer.

En apenas unos meses el deterioro fue enorme. “Mi madre adelgazó más de 30 kilos, perdió muchísima masa muscular, no podía levantarse sola”, rememora su hijo. Su mujer prosigue: “Mi cuñada se mudó a su casa, para poder cuidarla. Nos dijeron que, tras un ictus, para hacerle la valoración de dependencia debían pasar seis meses, para que pasara el plazo de rehabilitación. Pedimos por favor que vinieran antes porque necesitábamos ayuda. A los cinco meses la valoraron”. La resolución ya no llegó a tiempo.

“El día antes de que muriera, estaba fatal. Mi marido y mi cuñada la llevaron al médico porque no comía nada. Yo fui desesperada a los servicios sociales de Getafe para pedir ayuda, para que consultaran cómo estaba el expediente [la gestión es autonómica], me dijeron que me llamarían ese día o al día siguiente”, continúa Nogales. Portillo sigue: “A mi madre la mandaron a casa. A la mañana siguiente mi hermana me llamó muy angustiada porque estaba respirando muy mal. Llamé a una ambulancia y salí corriendo para su casa. Cuando llegué, ya había fallecido”. El 24 de octubre, recuerda Nogales, poco después de su entierro, recibió una llamada. “Era de servicios sociales del Ayuntamiento, que habían consultado el expediente y estaba concedida la ayuda para mi suegra”, dice. “En este tiempo nos hemos sentido solos, perdidos, la sensación es que nos han fallado”.

La secretaria de Estado ha reconocido este viernes que “la reducción de los plazos sigue siendo uno de los desafíos del sistema, para garantizar que los apoyos llegan a tiempo y en condiciones adecuadas”. Si bien los 341 días de espera están por debajo de los 403 que se registraban en enero de 2020, sigue siendo casi un año. Pero las diferencias territoriales son enormes. En Castilla y León están en cabeza, con apenas 113 días. En Murcia son 553. Un tiempo con el que no cuentan muchas personas dependientes. El perfil del solicitante que más se repite es el de una mujer que supera los 80 años.

90 fallecidos sin atención cada día

La nota de prensa publicada este viernes por el ministerio no incluye información sobre los fallecidos mientras esperaban por algún trámite de la ley. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes, considera “terrible” la cifra de 32.704, que “se mantiene” respecto a los 34.252 de 2024. “Cada día mueren 90 personas desatendidas, una cada 15 minutos”, lamenta.

Rosa Martínez ha destacado que el sistema de la dependencia está enfrentándose a dos procesos simultáneos. Por un lado, demográfico, y, por otro lado, de transformación del sistema de cuidados, para lograr que las personas puedan recibir una atención personalizada y en su entorno, que “exige seguir ajustando el diseño de las políticas públicas, la financiación y la forma en que el sistema organiza y combina sus apoyos”. En este sentido, ha destacado que la aportación del ministerio ha subido un 150% desde 2020 y que el año pasado superó los 3.700 millones de euros. La inyección de financiación se debió al plan de choque aprobado en la pasada legislatura, sin precedentes hasta el momento, que logró revertir los recortes planteados durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero la falta de presupuestos ha impedido que el sistema siga creciendo a esa velocidad.

Cuidados de proximidad

Pese a ello, la secretaria de Estado considera que existe una “clara consolidación del modelo de cuidados de proximidad” que está impulsando el ministerio, que “prioriza la atención en el hogar y en el entorno cercano” y que se verá potenciado con la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad que se está tramitando en el Congreso. Martínez ha explicado que el 57% de las prestaciones se ofrecen en el entorno comunitario y que la teleasistencia y la ayuda a domicilio son los servicios profesionales más habituales.

La Asociación de Directoras y Gerentes puntualiza, no obstante, que hay una tendencia en las comunidades a sufragar servicios que cuestan más baratos, lo que llaman un “sistema low cost”. Así, en los últimos 10 años, los servicios de residencias y centros de día han subido mucho menos que las prestaciones por cuidados en el entorno familiar (un dinero que se le da a las personas dependientes para ser atendidas en casa) y la teleasistencia. O incluso las prestaciones vinculadas al servicio (un dinero que se le da al dependiente para que pague parte del servicio y el resto debe ponerlo de su bolsillo).

“Aplaudimos que crezcan los servicios de proximidad, pero deben mejorar las intensidades y eliminarse las incompatibilidades entre prestaciones. Una ayuda a domicilio con la intensidad actual no puede sustituir a una residencia o un centro de día para una persona con una gran dependencia”, apunta Álvaro Revilla, coordinador de estudios de esta asociación. Algo en lo que coincide Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, que agrupa a una decena de asociaciones de todo el país. Ella afirma que el plan de choque funcionó, pero que queda mucho por hacer. “La impresión que tiene todo el mundo es que el sistema no funciona. Hace falta mejorar las intensidades de los servicios, y eliminar de verdad, obligando a que las comunidades autónomas lo hagan también, las incompatibilidades. Y las esperas son interminables”.

Nogales y Portillo siguen procesando lo sucedido en su familia. Los meses de angustia en los que no tuvieron soporte en casa. “Tenemos claro que si a mi suegra le hubieran dado una ayuda de manera rápida, igual estaría con sus achaques, pero no habría perdido esa masa muscular”, dice Nogales. “Quizás estaría con nosotros”.