Interior pone buzones en las cárceles para facilitar que los reclusos denuncien agresiones sexuales

El Ministerio del Interior acaba de aprobar el primer protocolo “para la prevención, protección y atención” a los reclusos que sean víctimas de violencia sexual dentro de las prisiones tanto por parte de otros presos como de funcionarios o personas colaboradoras de Instituciones Penitenciarias. El objetivo, plasmado en un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, es “garantizar y proteger, de forma integral, el derecho a la libertad sexual de las personas privadas de libertad y erradicar toda la violencia sexual de los establecimientos penitenciarios”, así como “adoptar medidas de sensibilización, prevención, detección y sanción” de este tipo de agresiones y procurar la “atención inmediata y recuperación” de las víctimas. El preámbulo detalla que con esta medida se da cumplimiento al mandato recogido en los artículos 15 y 30 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ―la conocida coloquialmente como ley del solo sí es sí― que obliga a los diferentes órganos de la Administración a poner en marcha protocolos específicos para identificar y actuar ante casos de violencia sexual y formar al personal en perspectiva de género.

Entre las medidas recogidas en el documento está la instalación de buzones físicos dentro de las cárceles donde las víctimas o aquellos internos que conozcan casos de estas agresiones puedan hacer llegar sus denuncias por escrito. Para garantizar la confidencialidad, Interior señala a los responsables de la cárceles que no los instalen en los módulos donde están las celdas, sino en zonas comunes, como el departamento de actividades culturales, el polideportivo o el área donde los internos comunican con sus visitas. También incide en que, a los escritos depositados en ellos, solo tengan acceso “la persona o personas designadas por el Equipo de Igualdad del centro [formado por profesionales penitenciarios encargados de promover la igualdad de género y prevenir la discriminación]”. No obstante, el protocolo incide en que este canal no cierra otras vías para denunciar, como una “comunicación verbal de la propia víctima” o de otro recluso con los funcionarios, en cuyo caso el hecho será transmitido por quien reciba la confidencia a una representante del Equipo de Igualdad o al Departamento de Igualdad de la Secretaría General a través de un correo electrónico.

El protocolo, firmado el pasado lunes por el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ya ha sido repartido a todas las cárceles, excepto a las de Cataluña y el País Vasco, que son gestionadas por sus respectivos gobiernos autonómicos. Fuentes de Prisiones ―que aseguran no disponer de estadísticas actualizadas de casos de violencia sexual dentro de los recintos penitenciarios― recalcan que los presos ya tenían antes mecanismos para denunciar estas agresiones tanto a nivel interno como a través de sus familiares y abogados. E inciden en que lo que se busca con la nueva instrucción es alentar a las víctimas a que den ese paso y garantizar su seguridad una vez hecho, así como definir claramente los pasos a dar por los funcionarios una vez que se recibe la denuncia y hasta que se deriva a un juzgado para que lo investigue penalmente.

La recepción de la denuncia activará “a la mayor brevedad posible” una investigación interna para “valorar la situación y acordar las actuaciones que procedan” en la que se entrevistará a la víctima y que elaborará un informe de “valoración inicial” para determinar “la gravedad del riesgo” y, con ello, adoptar las medidas pertinente y, dependiendo del resultado de este informe, acordar el archivo de las actuaciones o abrir un expediente para sancionar al presunto agresor. En este último sentido, si los hechos tuvieran indicios de delito, el centro informará al juzgado correspondiente de lo ocurrido. Todo ello con un “enfoque centrado en la víctima, que priorice sus derechos y dignidad [...] así como su bienestar y su seguridad”, por lo que desde que se active el protocolo se tendrá en cuenta si la víctima necesita “apoyo psicológico y/o jurídico” por parte del Equipo de Igualdad u otros profesionales penitenciarios. Esa “atención y seguimiento” podrá extenderse una vez salga en libertad.

Evitar el contacto

En este sentido, el documento fija las “medidas cautelares” que deberán adoptar las cárceles para garantizar la protección de la víctima mientras se investiga el suceso según quién sea el presunto agresor. En el caso que sea otro recluso, el protocolo determina que este será trasladado de módulo para que no coincida en el mismo con el afectado y se le aplicarán “limitaciones regimentales” para evitar que ambos coincidan en zonas y actividades comunes. También se suspenderá cualquier canal de comunicación que pueda existir entre ambos. Si el agresor es un trabajador penitenciario, se cambiará a este a un departamento en el que no coincida con la víctima. Y si es un colaborador externo, se le suspenderá de modo cautelar la autorización para entrar en la prisión.

El documento incide en que, además de promover las denuncias, se busca “el acompañamiento y atención psicológica de la víctima”, asesorarla en los pasos a dar, “garantizar la seguridad y dignidad” de la misma, “promover la debida investigación de todas las denuncias” e “impulsar” medidas para que no vuelvan a producirse situaciones similares. También potenciará “la formación en género y diversidad [de] sexo genérica” tanto de los funcionarios penitenciarios como de los propios reclusos para “combatir los estereotipos de género y las creencias que sustentan las violencias”. En este sentido, Instituciones Penitenciarias realizará campañas dentro de las cárceles “que faciliten [a presos y funcionarios] la identificación de las distintas situaciones de la violencia contra la mujer y personas LGTBI, den pautas de actuación para atajar y prevenir su escalada, así como para erradicarlas”. Interior contempla que dentro de un año se evalúe la eficacia del protocolo.