Vox despliega en el Congreso su negacionismo de la violencia machista

A las nueve de la mañana de este jueves, si no ocurre nada de última hora, en la sala Ernest Lluch del Congreso se sentarán diputados y diputadas, abogados y abogadas civiles y penales, una letrada de oficio en juzgados de Violencia sobre la Mujer, policías nacionales, psicólogos y psicólogas y un exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos, ponentes en las jornadas Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina que Vox solicitó hacer el 29 de julio y a la que dio luz verde la Mesa del Congreso, con los votos a favor del PSOE y del PP, el rechazo de Sumar y la petición por escrito a la Mesa del Congreso de ERC, EH Bildu y BNG este mismo miércoles para que se revocara la decisión. Cinco horas, con retransmisión en streaming, que tienen “por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista”, según ese documento presentado por los tres partidos.

Solo el pasado año, al Estado español le constan 199.093 denuncias por violencia machista, 48 asesinatos perpetrados por parejas o exparejas, 16 feminicidios fuera de ese ámbito de las relaciones, nueve niños y niñas a los que sus padres o las parejas de sus madres mataron por hacerles daño a ellas y 36 huérfanos por esos crímenes. Según la última memoria de la Fiscalía, publicada el pasado año y con los últimos datos cerrados, los de 2023, el porcentaje de denuncia falsa es de un 0,0010%, es decir, dos de las 199.282 causas por violencia sobre la mujer de aquel año.

Son datos oficiales, recogidos por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, además de otros organismos institucionales que dan cuenta de una realidad objetiva, que el partido de Santiago Abascal no solo niega, sino que, como parte de su estrategia política ―al igual que los ultras de cualquier territorio― intentan diluir y difuminar dentro de otras violencias que también existen, como la intrafamiliar, pero que no tienen su extensión, ni están sujetas a la misma estructura, ni se dan por las mismas razones, por lo que las respuestas o las herramientas de las administraciones para prevenirlas y atajarlas no pueden ser las mismas.

“Negar su existencia es una forma de perpetuar el machismo que mata”, escribieron hace unos días una decena de asociaciones feministas de distintos ámbitos ―desde Fundación Mujeres a FADEMUR, la Federación Mujeres Jóvenes, la Asociación de Mujeres Juristas Themis o la Asociación Mujeres para la Salud― en un comunicado frente a estas jornadas que ninguna entiende cómo pueden darse en una de las salas del Congreso con el visto bueno de PP y PSOE.

El porqué, según explicó una fuente parlamentaria la semana pasada a este diario, fue un mero trámite. “Con carácter general”, la Mesa del Congreso “no entra en el contenido de los actos que realizan los grupos parlamentarios”, que tienen derecho al uso de las salas, y contaba, además, con “el aval de los letrados” de la Cámara. Con una excepción, según ahondó esa misma fuente, cuando “sea explícito que se va a hacer algo inconstitucional o se va a incurrir en un delito de odio”.

Las jornadas tienen tres paneles muy concretos. Uno jurídico-político, llamado ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?; otro llamado Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG [Ley Integral contra la Violencia de Género] en nuestra sociedad?; y un tercero, Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?. Solo con conocer los títulos de esas ponencias, los socios de Gobierno han plasmado en el escrito a la Mesa que, de realizarse, “el Congreso estaría participando en la difusión de un ideario incompatible con la legislación vigente, promoviendo la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres”.

La semana pasada, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios, alegó que Vox, como el resto de los grupos parlamentarios, “tiene derecho a hacer actos y utilizar las instalaciones del Congreso, siempre y cuando no contravengan la Constitución y no generen ni difundan discursos de odio”, y añadió que queda en manos de la Mesa “valorar” si ese acto de la ultraderecha es o no “contrario a la Constitución” o si difunde “discursos de odio”.

Ese mismo día, el 27 de agosto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, publicó en X en una línea similar: “En el Congreso caben todas las voces. Es sede de la soberanía popular. Pero nos opondremos, como siempre, a que se den por sentados bulos, porque 1.318 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas. Esa es la VERDAD. Nos queremos vivas”. Y un día después, Carmen Fúnez, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, dijo en rueda de prensa: “No he visto el orden del día ni el programa de esas jornadas. Lo que sí que tenemos muy claro es que desde el Partido Popular tenemos absolutamente claro nuestro compromiso en la lucha contra la violencia machista”.

Para los socios de Gobierno, como para la parte del movimiento feminista que emitió el comunicado, ese acto ya contraviene de forma directa no solo las leyes aprobadas en ese Congreso ―entre ellas la Ley Integral contra la Violencia machista, por unanimidad―, sino uno de los preceptos constitucionales, la igualdad.

“Es una pena que el clima político actual, con un partido de ultraderecha que es la tercera fuerza parlamentaria en España, favorezca que el discurso negacionista pueda difundirse desde dentro de las propias instituciones”, se lee en ese documento de las organizaciones feministas que insiste en “no dejarse engañar […] ni por la provocación ideológica que niega la desigualdad y la violencia contra las mujeres, ni por los debates paralelos vinculados a la libertad de expresión y de opinión. La violencia contra las mujeres es una realidad que afecta a miles de mujeres y niñas y niños en España y a millones en todo el mundo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.