Sanidad quiere prohibir fumar a menos de 15 metros de parques infantiles, centros sanitarios y edificios públicos

El Ministerio de Sanidad quiere dar un paso adelante en la ampliación de espacios libres de humos. En el borrador de la nueva ley antitabaco, no solo prohíbe fumar en terrazas o vehículos comerciales, como había adelantado su titular, Mónica García, sino que amplía el veto para cigarrillos (convencionales o electrónicos) a 15 metros de los accesos de edificios públicos, centros sanitarios, educativos o parques infantiles, entre otros, y suprime los clubes de fumadores.

Las nuevas medidas, que tendrán que ser ratificadas por mayoría en el Congreso antes de que entren en vigor, están recogidas en el último borrador del anteproyecto de ley que modifica la ley 28/2005, al que ha tenido acceso EFE y que han sido confirmadas a EL PAÍS por fuentes de Sanidad.

La norma introduce una regulación para nuevas formas de consumir nicotina, como las bolsitas o los los dispositivos de tabaco calentado, que ahora estaban en un limbo jurídico. También equipara los cigarrillos electrónicos (o vapeadores) al tabaco y estarán prohibidos en las mismas zonas donde no se pueda fumar.

Una de las principales novedades que aporta este texto, tras las medidas que ya ha ido desvelando la ministra Mónica García desde que asumiera el compromiso de endurecer la normativa, es la prohibición de la comercialización de los cigarrillos electrónicos de usar y tirar. Se trata de dispositivos provistos de un líquido con o sin nicotina, listos para su consumo y desechable tras su uso, tal y como define el documento, que justifica su prohibición en que “presentan una mayor prevalencia entre los adolescentes y jóvenes” porque les resulta “especialmente atractivos”, sobre todo por sus sabores.

Para atajar el consumo en este colectivo, Sanidad restringe la venta y suministro al por menor de todos estos productos a los estancos o máquinas expendedoras “ubicadas en establecimientos que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas”.

Paralelamente, en un Real Decreto en tramitación, también prohíbe los sabores de los cigarrillos electrónicos, que solo podrán tener el aroma del tabaco, para evitar así que los menores comiencen con estas sustancias, que se están convirtiendo en la puerta de entrada al tabaco.

Zonas libres de humo

En cuanto a las nuevas zonas libres de humo, considera centro de trabajo los vehículos laborales y especifica que no se podrá fumar en los espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en los recintos de centros sanitarios ni en universidades y centros de formación de adultos.

Tampoco se podrá en instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, tanto interiores como exteriores, ni en bares y restaurantes, sea dentro o fuera en las terrazas. Ni siquiera en clubes de fumadores, que se suprimen. Ni en centros de ocio o “esparcimiento”, salvo en los espacios al aire libre, así como salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, con independencia de si hay o no menores; en bares, restaurantes y demás establecimientos comerciales de restauración, tanto en interiores como en exteriores, ni en recintos de los parques infantiles y áreas de juego para la infancia.

Empaquetado y promoción

La industria tendrá doce meses desde que se apruebe la ley en el Parlamento para introducir el empaquetado neutro. Tanto el interior como el exterior tendrán un color único, que el fabricante elegirá entre los dos que se concreten en una orden ministerial. Esto afecta también al papel y a los filtros. Se trata de evitar los incentivos de marketing al comercio, de forma que las marcas solo se vean a través de letras asépticas, sin logotipos.

Esta medida es precisamente una de las que le falta a España para estar entre los cuatro países con más medidas de control al tabaquismo, según un informe que se ha presentado esta semana en Dublín. 25 países ya han implantado el empaquetado genérico.

Por último, el texto pone coto a la publicidad y patrocinio, que quedarán prohibidos “en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información”, a excepción de las publicaciones o presentaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en el comercio del tabaco y dispositivos.

Si se redujera la prevalencia de consumo tan solo entre un 1% y un 2%, Sanidad calcula un ahorro sanitario público de entre 100 y 200 millones de euros anuales a medio plazo (derivado de la reducción de enfermedades cardiovasculares, cáncer o EPOC) y una reducción de costes indirectos por pérdidas de productividad laboral, ausencias y mortalidad prematura de más de 2.000 millones de euros anuales a partir de los 10 años de aplicación.