La investigación sobre adopciones forzadas en Países Bajos señala la responsabilidad del Estado, la Iglesia y la sociedad

Una comisión independiente de expertos ha pedido este jueves al Gobierno de Países Bajos reconocimiento y apoyo para las cerca de 14.000 madres solteras que fueron obligadas a dejar a sus hijos en adopción entre 1956 y 1984. En un informe entregado Gobierno en funciones, califican de “tormenta perfecta” las presiones ejercidas por parte del Estado, la Iglesia —tanto la protestante como la católica— y las propias familias sobre las mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, para que renunciaran a sus hijos al tacharlas de inadecuadas por no estar casadas. La comisión ha pedido al Ejecutivo que incluya lo sucedido en el Canon histórico nacional, un libro que recoge los 50 temas que deben tratarse en las escuelas entre los 8 y los 14 años.

Que se haya señalado el Canon histórico como el lugar para relatar lo ocurrido con las adopciones forzosas no es casualidad. En esa lista aparecen capítulos tan dolorosos como el pasado colonial y esclavista del país, y de este modo se eleva a categoría de trauma nacional que no debe olvidarse el padecido por las madres y sus hijos, además de los padres. Porque mientras las mujeres eran forzadas a romper el lazo biológico natural con sus bebés, los padres fueron ignorados. “Y muchos estaban dispuestos a cuidar a sus hijos junto con las madres”, ha dicho el pedagogo Micha de Winter, durante la presentación del informe.

De Winter ha concluido, junto con tres psicólogos y una especialista en derechos del menor, que “el Estado y la sociedad son responsables de forzar a las madres a desprenderse de sus pequeños”. Y en los casos en que los abuelos de los niños tenían un comercio, “pesó además la posible pérdida de clientela ante una hija que era madre soltera”, ha indicado.

Según estos expertos, la situación empeoró en los años sesenta, cuando los psicólogos calificaron de trastorno el fenómeno de esta maternidad fuera del matrimonio. “Como lo ideal era una familia formada por un padre y una madre, se consideró una patología salir de ese marco”, en palabras de De Winter. Es más, si las madres pretendían conservar a sus hijos y se rebelaban, “eran tenidas como inadecuadas por completo, por apartarse del ideal familiar”.

Nadie se preocupó de trauma padecido por las madres y luego por muchos de sus hijos adoptados. Como consecuencia de las ideas sobre la decencia, “hubo menores que no tuvieron un hogar estable o permanecieron en centros de acogida durante mucho más tiempo del que se consideraba pedagógicamente responsable en aquella época”, ha señalado el mismo pedagogo.

Renunciar a un hijo

En Países Bajos no existe la figura legal de renunciar a un hijo. Lo punible es el abandono, así que todas las instituciones de asistencia a madres solteras y de tutela y protección de la infancia buscaron otro término jurídico. “Crearon y aplicaron normas para organizar la renuncia a la patria potestad con fines de adopción en 1956 y 1984”. Sin embargo, esa palabra, renuncia, se ha mantenido como una forma de estigma para madres e hijos. Para ellas, porque daba la sensación de que se apartaron voluntariamente de sus hijos. Estos, porque se sintieron en muchos casos rechazados.

Este jueves, Eugénie Smits van Waesberghe, adoptada de esta manera en 1970, reconocía por teléfono sentirse “muy emocionada por el reconocimiento de la comisión”. Al mismo tiempo, considera “difícil saber si el Estado hará algo con la responsabilidad señalada, y eso es triste”. Los padres de Eugénie tenían 19 años y eran novios, pero les impidieron quedarse con su hija. Al padre no le comunicaron siquiera el embarazo.

En 2019, otra de estas madres, Trudy Scheele-Gertsen, interpuso la primera denuncia de su clase contra el Estado por el dolor causado. Tuvo a su niño a los 22 años y dejó escrito que no quería darlo en adopción, pero se lo quitaron de todos modos. En marzo de 2025, la justicia neerlandesa dictaminó que el Estado no puede ser considerado responsable del daño causado a las madres. Además, el caso se declaró prescrito.

Para elaborar el informe, más de 200 niños adoptados, unas 50 madres biológicas, 15 padres adoptivos y 20 familiares cercanos ha compartido su historia con los expertos. Después se eligió, por sorteo, a un grupo más reducido y se analizaron 50 casos.