Prisión provisional para un joven acusado de violar a una menor, de 12 años, en Pamplona

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un joven ―de iniciales N. B.― acusado de haber violado a una menor de 12 años de edad en el barrio pamplonés de la Rochapea. La jueza imputa al investigado un delito de agresión sexual con violencia, que está penado con hasta 15 años de prisión.

Según la resolución judicial, que puede ser recurrida, la jueza considera pertinente el ingreso del varón en prisión ante el elevadísimo riesgo de fuga. No solo por la gravedad de la sentencia a la que se enfrenta, sino porque “de la documentación que consta en el atestado, se comprueba que es extranjero, sin arraigo familiar, social ni laboral”. De hecho, según consta en el auto, el investigado estuvo tutelado por el Gobierno de Navarra y residió, hasta su mayoría de edad, en el centro de menores de la localidad de Marcilla. La edad del acusado no ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia navarro.

Hasta su ingreso en prisión, vivía en Pamplona en un piso de una asociación de ayuda, con cuatro chicos más, con supervisión de educadores. Es precisamente en ese alojamiento donde este pasado sábado se produjo la presunta agresión. Al parecer, la menor y el acusado comenzaron a hablar a través de las redes sociales y se citaron en la tarde del sábado.

En el auto, que no ha sido difundido por el Tribunal Superior navarro para proteger a la víctima, la magistrada señala que existen indicios de criminalidad. Por un lado, la declaración de la menor “resulta creíble”, puesto que “presenta un relato coherente y sin contradicciones”. Además, la jueza resalta que las diligencias realizadas, entre las que se incluyen las investigaciones policiales y los reconocimientos médicos y forenses, constatan evidencias compatibles con los hechos denunciados. De hecho, la magistrada señala que existen indicios de que el investigado pudo haber cometido los hechos por los que se le acusa y que “dicha agresión pueda haber sido realizada con violencia”.

Respecto al investigado, la jueza ha destacado que se ha acogido a su derecho a no declarar, por lo que “no ha prestado una versión de descargo de los hechos imputados”. Tampoco ha colaborado para facilitar la obtención de muestras de ADN ni ha facilitado que se analice el contenido de su teléfono.