La jueza abre juicio oral por el ‘caso Magrudis’ y considera al Ayuntamiento de Sevilla responsable civil subsidiario

La jueza que investiga el mayor brote de listeriosis de Europa ha dictado la apertura del juicio oral contra los seis investigados y ha ordenado a cinco de ellos que presenten, como responsables civiles, una fianza solidaria de alredor de cinco millones de euros como indemnización a las víctimas: los familiares de los cuatro fallecidos, las siete parejas que sufrieron abortos y las más de 240 personas que se vieron afectadas. La magistrada considera al Ayuntamiento de Sevilla responsable civil subsidiario, según aparece en el auto, fechado este lunes y conocido este martes.

Han pasado más de tres años desde que el 15 de agosto de 2019 la Junta de Andalucía decretara la alerta sanitaria por un brote de listeriosis encontrado en varios lotes de La Mechá, la marca de carne mechada elaborada por la empresa sevillana Magrudis. Durante la investigación sobre origen de la infección y las consecuencias, se destapó una sucesión de negligencias y un desprecio por la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores por parte de los dueños de la cárnica. Por ello, la justicia imputó a José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la fábrica, a sus hijos Sandro y Mario y a su mujer Encarnación Rodríguez por un delito contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave.

La jueza también considera responsable por los mismos delitos a la veterinaria municipal María José Ojeda, encargada de hacer las inspecciones preceptivas de la empresa, y ha rechazado la petición de sobreseimiento que para ella había solicitado el consistorio sevillano.

El auto de apertura de juicio oral también incluye al arquitecto Sergio LOrencio, que firmó la documentación de la declaración responsable y que estaba plagada de irregularidades. A él y a Marín Ponce y su hijo Sandro se les acusa de un delito de falsedad en documento oficial. A estos dos últimos, además de a Mario y a Encarnación, la jueza los considera también autores de un delito leve de defraudación del fluido eléctrico, tras descubrirse durante la investigación que las naves de Magrudis estaban enganchadas de manera ilegal al suministro de Endesa.

En el auto se incluyen las peticiones de indemnización para las víctimas tanto de la Fiscalía, como de las acusaciones que representan a los fallecidos, a las que han sufrido abortos y los lesionados, así como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha concluido que Marín Ponce y su hijo Sandro deben presentar en el plazo de un día una “fianza solidaria” de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 3.060 euros “como responsabilidad pecuniaria”. Para Mario Marín y su madre, Encarnación Rodríguez, solicita que en ese mismo plazo una de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 1.440 euros “como responsabilidad pecuniaria”. Para la funcionaria municipal establece una fianza solidaria de 5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía) y al acusado Sergio Lorencio una de 1.440 euros como responsabilidad pecuniaria.

Además de a los imputados, la jueza también ha reclamado a la empresa Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario —que compartía sede con la primera— para que en el mismo plazo también presenten una fianza solidaria de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla), y otra de 36.000 euros como responsabilidad pecuniaria.

La magistrada ha designado a las compañías aseguradoras tanto de Magrudis, Axa, como las de la veterinaria, Zúrich y AIG, que depositen respectivamente fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros, y al Ayuntamiento de Sevilla “5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía), para, de acuerdo con la jueza, asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”, con el apercibimiento de que, de no prestar las distintas fianzas establecidas en el auto, “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.