Una jueza federal de Nueva York desestima el acuerdo que cerró el caso contra la familia Sackler por la crisis de los opioides

Una jueza federal del distrito sur de Nueva York ha desestimado un acuerdo por valor de 4.500 millones de dólares por el cual la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica Purdue Pharma, quedaba protegida de futuras demandas por sobredosis de su fármaco estrella, el OxyContin, el analgésico altamente adictivo cuyo consumo espoleó la crisis de los opioides que ha causado más de medio millón de víctimas mortales desde 1999. El fallo deja pendientes los planes de reestructuración de la farmacéutica tras haberse acogido a una declaración de quiebra, parte del acuerdo con miles de Administraciones locales, estatales y tribales que habían demandado a la empresa por su destacado papel en la crisis de salud pública, que solo en el último año se ha cobrado 100.000 vidas en EE UU.

La ardua negociación del acuerdo se había plasmado el pasado 1 de septiembre, cuando, con la aprobación del expediente de quiebra y la disolución de la empresa, la justicia ponía fin a un contencioso de años contra Purdue Pharma. El fallo garantizaba la inmunidad ante futuras querellas a la familia Sackler, a cambio del pago de 4.500 millones de dólares a los más de 3.000 demandantes.

Hasta que la jueza de distrito Colleen McMahon en Manhattan ha fallado este jueves que el tribunal de quiebras no tenía la autoridad legal para eximir a la familia de responsabilidad civil o penal. McMahon apuntó que el fallo probablemente será recurrido ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE UU por los abogados de la familia Sackler. El nombre ha quedado indisolublemente unido a la crisis sanitaria, hasta el punto de que museos como el Metropolitano de Nueva York, o departamentos de investigación de universidades, están en proceso de borrar las huellas tóxicas de su filantropía retirando el apellido de sus salas.

Purdue Pharma no es la única farmacéutica a la que la justicia hace responsable de la peor crisis de salud pública en EE UU entre la del sida y la pandemia de coronavirus. Otras grandes, como Johnson & Johnson, han llegado a acuerdos particulares con la justicia para eludir su acción a cambio de pagos milmillonarios. Pero Purdue Pharma ha sido la protagonista casi absoluta de la mano del OxyContin, un opioide (derivado sintético del opio) mucho más adictivo que la morfina y cuyo grado de dependencia la farmacéutica ocultó a sabiendas del riesgo que suponía su consumo.

El OxyContin se popularizó como un remedio eficaz para el dolor crónico, pues el objetivo de la familia Sackler fue desde el comienzo ampliar el mercado mucho más allá del reducido nicho de negocio que representaba la prescripción habitual de derivados de la morfina para pacientes oncológicos o terminales. Recetado legal y masivamente, con agresivas campañas de márketing, la dependencia creada por el OxyContin condujo a muchos pacientes al consumo de drogas ilegales como el fentanilo, hasta 100 veces más potente que la morfina y que ha disparado las muertes por sobredosis en el país.

Purdue Pharma se declaró en quiebra en 2019 para eludir la ofensiva de miles de querellas. Tras el fallo de septiembre que teóricamente daba por zanjado el contencioso, el administrador de quiebras del Departamento de Justicia y algunos Estados disconformes recurrieron el arreglo, al considerar que los Sackler no tenían derecho a una salvaguarda que los blindara ante nuevas demandas porque ellos mismos no se habían declarado en quiebra. Los Sackler habían hecho de esta protección un requisito indispensable a cambio de contribuir con 4.500 millones al acuerdo de conciliación.

Entre 2008 y 2018 la empresa transfirió a cuentas de diferentes miembros de la familia Sackler unos 10.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinaron al pago de impuestos o a nuevas inversiones comerciales, según documentos periciales; sus abogados insisten en que no hay evidencias de que lo hiciesen anticipándose a una posible bancarrota. “La gran pregunta por responder en este caso es si el tribunal de quiebras, o cualquier tribunal, está autorizado por ley para otorgar tales protecciones”, ha sido el argumento principal de la jueza para reabrir un contencioso que, como la crisis provocada por el OxyContin, amenaza con enquistarse en el tiempo.

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