El Cermi pide que se elimine la condición de padecer una situación “imposibilitante” para pedir la eutanasia

Hay un punto de la ley de eutanasia que acaba de aprobar el Congreso que tiene soliviantado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi): que en los requisitos para pedir ayuda para morir se haya incluido que además de un “padecimiento cónico y grave”, este debe ser “imposibilitante”. “Esa definición nos señala a las personas con discapacidad como de menor valor, candidatos a la eliminación”, afirma Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos del Cermi. Este, tras destacar que su organización ni aprueba ni critica la ley en sí, declara que “cualquier regulación de un nuevo derecho, no debe suponer como coste la estigmatización de un grupo social. Como sociedad no podemos consentir que se dé el mensaje de que las personas con discapacidad somos prescindibles, y que somos objetos y no sujetos de derecho”, afirma. “Bastaría con dejarlo en padecimiento crónico y grave que cause un sufrimiento insoportable”, opina el representante del Cermi. “Duele que las y los representantes de la ciudadanía nos sigan percibiendo a las personas con discapacidad como seres infelices, asistidos y depreciados. Sin duda, estas percepciones negativas, profundamente arraigadas sobre el valor de la vida de estas personas, siguen siendo un obstáculo permanente en todas las sociedades”, añade.

El Cermi lleva desde 2019 vigilando este tema, e incluso lo ha transmitido al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que ante su petición ha emitido una resolución que coincide plenamente con la opinión del organismo español: esa definición, la de imposibilitante, “supone una clara evocación a las personas con discapacidad, discriminándolas y estigmatizándolas como vidas de menor valor; pues, al margen del uso del término imposibilitante, que resulta por sí mismo peyorativo, al definir esa situación se habla con toda claridad de circunstancias que generan una discapacidad, concretamente de limitaciones en la autonomía física, las actividades de la vida diaria y la capacidad de expresión y relación, haciendo referencia incluso a que la persona no pueda valerse por sí misma”.

María Luisa Carcedo, la diputada socialista que ha sido ponente de la ley, explica que efectivamente durante el proceso hubo negociaciones y cambios sobre este asunto. “Primero se ponía discapacidad grave”, luego lo cambiamos por “invalidante”, y tampoco les gustó”. “Hemos agotado los sinónimos”, afirma de una polémica que lleva tiempo sin poder resolver. Para la exministra hay un argumento de peso para mantener una mención a esa situación: “Es la formulación que permitiría a un Ramón Sampedro pedir la eutanasia. Con lo que le debemos, no podemos sacar una ley de eutanasia de la que él no se habría podido beneficiar, porque cuando él pidió la eutanasia no estaba terminal, habían pasado 30 años desde el accidente. La diabetes también es una dolencia crónica que puede ser grave, pero esto es algo más. Ayer [el jueves] oí a un chico que había tenido un accidente y está parapléjico. Estaba tan feliz, pero últimamente le habían empezado los dolores, y decía que la ley le daba mucha tranquilidad. No podemos dejar que haya dudas de que la ley le incluye”.

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