Nuevas barreras en el acceso a los nuevos anticoagulantes

En España hay un millón de pacientes tratados con fármacos anticoagulantes, pero no todos están bien medicados. "Uno de cada tres no está correctamente controlado", ha estimado José María Lobos, médico especialista en Atención Primaria. "Eso les expone a sufrir hemorragias o ictus que pueden provocar su muerte". Los nuevos anticoagulantes orales parecían ser la panacea: más seguridad, menos necesidad de controlar las dosis y, al menos, igual eficacia que el fármaco más utilizado actualmente: el sintrom. Las esperanzas de médicos y pacientes han chocado, sin embargo, contra un nuevo obstáculo: los recortes presupuestarios.

"Después de dos años en el mercado, solo el 9% de los pacientes accede a los anticoagulantes de nueva generación, cuando las estimaciones indican que entre el 30% y el  40% son potenciales candidatos", ha asegurado Lobos durante la rueda de prensa en la que profesionales y pacientes han expresado su posición sobre el asunto. El problema, según ha explicado el presidente de la Federación de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados, Luciano Arochema, es que, además de las restricciones impuestas por la Agencia Española del Medicamento, ocho comunidades han impuesto criterios más restrictivos para el uso de los nuevos fármacos. "No es de recibo que haya diferencias tan abismales entre comunidades autónomas", ha opinado Arochema, que cojea ligeramente como consecuencia de un ictus que sufrió hace 11 años. 

Solo el 9% de los pacientes accede a los anticoagulantes de nueva generación

La razón de las trabas está clara tanto para los facultativos como para los enfermos: el coste de los medicamentos. El envase del anticoagulante clásico, sintrom, cuesta menos de tres euros, mientras que el dabigatrán, uno de los posibles sustitutos, supera los 90. "Eso es solo si comparamos caja con caja", ha argumentado Arochema. "Confunden el valor con el precio. Los políticos no tienen en cuenta los gastos derivados del uso del sintrom, como los días de trabajo perdidos en ir a los controles —una vez al mes—, el personal y el material necesario para hacer los análisis, el coste de los ingresos si el paciente sufre finalmente un ictus por no estar bien controlado...", ha completado Vicente Bertomeu, expresidente de la Sociedad Española de Cardiología.  "El correcto tratamiento de los pacientes compensa desde todos los puntos de vista. Desde la perspectiva del sistema de salud, que una persona esté hospitalizada durante meses resulta siempre lo más caro".

"Entendemos que los recursos económicos son limitados y proponemos a la Administración sanitaria que priorice los perfiles de pacientes que, según el criterio de los expertos, deberían ser aquellos peor controlados a pesar de su buen cumplimiento, los que hayan sufrido un ictus anteriormente a pesar de estar anticoagulados y los que tengan un elevado riesgo de hemorragia intracraneal", ha comunicado Bertomeu. "El mensaje que queremos transmitir es claro: Todos los pacientes que necesiten anticoagulación deben estar correctamente anticoagulados".

"Uno de los medios para reducir el gasto público ha sido reducir el gasto sanitario, entendido como gasto farmacéutico, que ha bajado a niveles de prescripción del año 1999", ha continuado Bartomeu. "Se ha reducido la partida donde más se gasta. Y esto, que puede parecer lógico, resulta un tremendo error de gestión. Lo que hay que reducir es lo superfluo y lo que no aporta nada, no lo que más gasta. Es como si una compañía aérea que tiene pérdidas decidiera prescindir de los motores de sus aviones. Probablemente no sería la mejor medida".