Un panorama descorazonador

La necesidad de proceder a la mejora continua de los sistemas educativos no admite duda alguna. Pero al mismo tiempo, parece obvio que las líneas fundamentales de cualquier sistema han de tener la estabilidad necesaria, y que los cambios constantes en la legislación educativa que acompañan a cada cambio de Gobierno en nuestra historia democrática no favorecen precisamente la calidad. Si además, y es el caso de la LOMCE, su estabilidad queda seriamente comprometida, como lo demuestra el acuerdo hecho público por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición, comprometiéndose a derogar esta ley, el panorama que se nos presenta no puede ser más descorazonador. Aun en el supuesto de que llegue a aplicarse, la denominada Ley Wert no durará mucho y no beneficiará en nada a nuestro sistema educativo.

Formulada como una apuesta por la calidad educativa y como instrumento para dar respuesta tanto al elevado índice de abandono escolar prematuro como a los malos resultados de evaluaciones internacionales, puede acabar propiciando efectos opuestos a los que se propone.

Los índices de abandono y los resultados conseguidos en PISA son enormemente dispares entre comunidades autónomas, y el marco legal es análogo. ¿No serán, pues, otros factores los que realmente están produciendo este desajuste? En un sistema en el que la organización y gestión está descentralizada, ¿no tendrá esto algo que ver?

Por otra parte, esta ley aborda una serie de cuestiones que poco o nada tienen que ver con los objetivos que se arguyen para justificarla y son motivo de conflicto. En una rápida y no completa enumeración: suprime el carácter de servicio público de la educación; debilita la enseñanza pública frente a la concertada; es percibida como de carácter recentralizador; las lenguas propias pueden dejar de ser vehiculares; equipara la evaluación externa –indiscutible- con las reválidas que, por su repercusión académica, no son el instrumento adecuado para medir el esfuerzo de los alumnos; la Religión, además de no salir del currículo, adquiere valor académico; modifica profundamente el Bachillerato y la Formación Profesional; conlleva un retroceso en el concepto de función directiva al establecer un modelo alejado del liderazgo educativo, que va a permitir que entre la afinidad política y el clientelismo en la gestión de los centros (que es donde nunca deben entrar) y muy alejado de las recomendaciones de todos los organismos internacionales, etc..

No es solo otra ley. Es una ley, que con una fuerte carga ideológica, nos hace retroceder en el tiempo. Lo que se presenta como una solución, acaba convirtiéndose en un problema.

Cualquier reforma, si queremos afrontar con éxito los retos que plantea la sociedad del conocimiento, exige identificar las acciones que realmente tengan efectos sobre la mejora de la calidad educativa. Es evidente que este no es el caso.

José Antonio Martínez es el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos (FEDADI)