Una ley injusta e inútil

De espaldas a la amplia contestación social suscitada, el proyecto de LOMCE continúa su solitaria singladura en el parlamento. Los grupos políticos de la oposición se han conjurado para derogarla cuando las circunstancias lo propicien y la comunidad educativa se apresta a dar continuidad a las movilizaciones clamando por su retirada. Los sindicatos de corte corporativo son los últimos en unirse al coro de voces críticas que a estas alturas es prácticamente unánime. Nunca antes una ley educativa había alcanzado un consenso negativo tan amplio. Y es que cada vez somos más los que exigimos que la educación sea una política de Estado y una prioridad en la acción de gobierno.

En sentido contrario, el Sr, Wert ha puesto encima de la mesa una ley profundamente sectaria, concebida desde postulados ideológicos, al margen del profesorado y de la sociedad y sin ánimo de buscar aproximaciones o acuerdos. Y lo ha hecho en medio del mayor ataque que ha sufrido la educación, concretado en una avalancha de recortes que han mandado al paro a miles de profesores, han erosionado gravemente el sistema de becas y ayudas compensatorias -hasta el punto de poner en cuestión el derecho a la educación para determinados segmentos sociales-, han debilitado la educación pública y han ocasionado un deterioro palpable en la calidad de la enseñanza y en la equidad.

Con una ley que mira al pasado, que no apuesta por una sociedad y una economía del conocimiento, no vamos a resolver los problemas educativos que tenemos planteados. Las altas tasas de abandono educativo temprano no van a mejorar con un modelo educativo que segrega tempranamente al alumnado y que establece un sistema de reválidas que impedirá titular a muchos. No se contribuirá al necesario reforzamiento de la Formación Profesional configurándola como un itinerario de menor valor que el académico.

No contento con agravar los problemas educativos que nos aquejan, el Sr. Wert parece dispuesto a generar problemas dónde no los había. La lógica recentralizadora no se compadece con la reducción de las diferencias educativas entre las comunidades autónmomas en el último decenio. La deriva privatizadora, además de perversa, reabre en canal viejos debates…

Retiren esta ley impuesta e inútil. Y apuesten por la educación. Porque sin educación no hay futuro.

Francisco García es el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO