Archivada la denuncia de Ignacio González contra una periodista de la Ser

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra la periodista de la cadena Ser, Pilar Velasco, por difundir en 2009 un vídeo que demostraba el espionaje que realizaron al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia).

La reportera estuvo imputada por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por hacer públicas estas imágenes que servían de prueba de que González estaba siendo investigado. En la grabación se veía al hoy presidente de la Comunidad de Madrid junto a otras dos personas llevando unas bolsas de plástico.

La Sala Cuarta han archivado por unanimidad y de forma definitiva los cargos. El magistrado Juan José López Ortega ha presentado un voto particular en el que expresa su preocupación por el hecho de que la imputación de la periodista haya servido para intentar forzarla a que revelara sus fuentes informativas, algo que califica como “una de las más importantes garantías con que cuenta la prensa libre en una sociedad democrática”.

Uno de los magistrados critica que se haya utilizado la imputación para intentar que la redactora revelara sus fuentes

“Siempre que fue preguntada tuvo que acogerse al secreto de no revelar las fuentes de información y, a pesar de ello, en una ocasión, a instancia del letrado de la Comunidad de Madrid, fue requerida formalmente para que lo hiciera”, incide López Ortega. López Ortega comparte la decisión del sobreseimiento, aunque cree que el auto, de 22 de abril, debería de haberse completado con sus consideraciones.

Los magistrados afirman que la difusión de la noticia cumple con los requisitos de veracidad, interés general o de relevancia pública de la información. “No debe dar lugar a respuesta penal ya que el derecho de información debe tener un amplio y generoso espacio en el que desenvolverse sin angosturas”, añaden. Tratándose de un personaje público, en un viaje oficial y que se desenvuelve en espacios públicos, los magistrados han primado el derecho a la información, frente a otros, como el derecho a la intimidad y a la propia imagen.