Seguridad sin democracia

De un tiempo a esta parte las autoridades políticas reclaman colaboración para garantizar la seguridad ciudadana; piden que las personas denuncien las infracciones que vean. Como denunciar tiene mala prensa, el conseller de Transportes, Lluís Recoder, dijo que no se trataba de que los ciudadanos fueran denunciantes, sino… informantes. Hasta aquí, por ahora, la exigencia de persecución de todo tipo de infracciones, no solo de las penales.

Quien observara desde fuera este SOS pensaría que España es un país inseguro: ahíto de delitos y falto de policías. Sin embargo, es el segundo país más seguro y menos violento de Europa (Madrid o Barcelona son la envidia de París, Londres o Berlín) y con una altísima tasa de policías por 1.000 habitantes: 3,71, sin contar las policías locales, ni las privadas, ni la videovigilancia pública y privada. Somos una sociedad muy segura y vigilada. ¿A qué viene el llamamiento? Responde a algo sencillo: hemos entrado de lleno en el securitismo, esto es, la seguridad a cualquier precio y por encima de todo, lo que casualmente es un enorme negocio. En suma: mucha policía, muchas penas, muchos presos, hasta alcanzar la pretensión del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de una sociedad sin conflictos, es decir, una sociedad muerta.

Pero dejando el aspecto ideológico-económico del securitismo, está, una vez más, la pura retórica hueca. Si el ciudadano denuncia —experiencias tiene del nulo caso que se le hace en ocasiones—, deberá ratificar policial y judicialmente, todo ello gratis, su declaración inicial y deberá constar su identificación en el procedimiento, porque las denuncias anónimas impiden el derecho de defensa. De esta suerte, afrontará nuevas cargas en una situación que el sobrepeso por eje supera lo razonable. En este contexto, el ciudadano puede preguntarse: “Si hemos creado el Estado para realizar las tareas de interés público y común, si pago impuestos para mantener el Estado, ¿por qué debo yo hacer de Estado?”. En fin, se habla demasiado de seguridad (y de crisis) y muy poco de democracia y de Estado de derecho, cuando son los pilares que hacen mejores a las sociedades.

La seguridad no puede ser una carga para la ciudadanía, ni puede cercenar derechos en aras de una eficacia cuyo horizonte es una sociedad plana, sin matices y dirigida por quienes saben lo que nos conviene a todos.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.