El Gobierno aprueba la compra conjunta de 5,2 millones de vacunas contra la gripe

Pocas ideas para ahorrar en sanidad tienen más consenso que la de aprovechar el poder comprador de la Administración. Pero tres años después de que el proceso se iniciara, los resultados parecen pobres. De momento, el único acuerdo que se ha alcanzado, y que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros, es el de adquirir 5,22 millones de dosis de vacunas para la gripe del próximo año.

El sistema permitirá ahorrar 1,2 euros por unidad, o, lo que es lo mismo, 6,4 millones de euros. Los organismos sanitarios dependientes de la Administración central (Ingesa, que gestiona Ceuta y Melilla, Instituciones Penitenciarias, Ejército), y casi todas las comunidades están ya inmersas en el sistema. Faltan Cataluña, País Vasco y Andalucía, se supone que porque ya tienen acuerdos beneficiosos con los proveedores. El año pasado, con solo ocho comunidades implicadas, se ahorraron 3,8 millones de euros.

La iniciativa está, sin embargo, abierta a ampliaciones. Ya la anterior ministra, Leire Pajín (PSOE) propuso a las comunidades que aportaran sugerencias, y que el sistema no se usara solo para medicamentos, sino también para otros suministros sanitarios, como los empapadores para incontinencia de adultos (pañales).Y en el último Consejo Interterritorial, que presidió ya su sucesora, Ana Mato (PP), se acordó ampliar el sistema a las otras vacunas, a las infantiles que se utilizan habitualmente (aunque todavía no en un calendario único).

Pese a su corto alcance –de momento- la medida tiene el apoyo incluso de los proveedores, que critican habitualmente lo complicado que es para ellos manejarse con 17 compradores distintos (o más, si se tiene en cuenta que a veces el interlocutor no es la consejería, sino la gerencia de un hospital). Y ello aunque a veces sacan provecho, y consiguen diferencias de hasta 10 veces en el precio de un mismo producto según quien sea el comprador, según ha denunciado varias veces la oficina de la Defensora del Pueblo. La idea no parece descabellada, y por eso tres de las más poderosas económicamente se han quedado fuera.

También parece un ahorro escaso frente a otra medida que, en cambio, ha dio muy cuestionada: la subasta a la baja de fármacos que ha desarrollado parcialmente Andalucía. El Gobierno central la ha recurrido, presionó a los grandes laboratorios que se habían presentado (y que se retiraron encantados, porque así se evitaban vender más barato) y ha abierto un expediente a los suministradores que acudieron para que ofrezcan el mismo precio a todas las comunidades, aunque se trata de laboratorios muy pequeños por lo que la sanción puede ser casi simbólica, ya que tienen escasa capacidad para suministrar a toda España. Y menos a ese precio. El PSOE aprovechó para insistir que el Gobierno se aprovechaba de la ventaja de la medida (el ahorro) mientras la recurre, y que extender la subasta a toda España ahorraría 1.500 millones.