La fiscalía pide al juez un informe médico y uno psicosocial sobre Habiba

La fiscalía de Madrid ha solicitado al juez del caso Habiba la práctica de una serie de pruebas para pronunciarse sobre la retirada de la tutela de la pequeña Alma, de 15 meses, a su madre, tomada por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). En concreto, ha solicitado que un médico forense examine a la madre, una joven de origen marroquí de 22 años conocida como Habiba en los grupos de apoyo que han surgido en Internet, y que el equipo psicosocial del juzgado informe sobre la relación familiar para determinar si el bebé estaría bien cuidado, según Eduardo Esteban, fiscal jefe provincial de Madrid.

El caso ha generado un fuerte movimiento de apoyo en la Red despues de que Habiba denunciara que el organismo madrileño le había retirado la custodia de la niña "por no llevar a cabo el programa que tenían previsto para ella y para la niña que, fundamentalmente, consistía en suspender la lactancia materna por considerarla 'caótica y perjudicial". La Consejería de Familia alega que la decisión no tiene nada que ver con la lactancia y que Habiba era agresiva con otras compañeras del centro de acogida para madres sin recursos donde vivía y que no cuidaba adecuadamente de la pequeña. Según Paloma Martín, gerente del IMMF, la mujer dejó a la niña encerrada varias veces mientras salía, tiró un vaso mientras sostenía al bebé en brazos a otra mujer, "la ponía ropa de invierno en verano y ropa de verano en invierno" y no la dejaba gatear porque la tenía casi todo el tiempo en brazos, en declaraciones publicadas ayer por El Mundo.

Una vez realizadas estas pruebas, junto con las aportadas por las partes, la fiscalía valorará la situación y hará su recomendación al juez. Hace 11 días, la fiscalía adelantó que, por las diligencias hasta el momento, entendía que la decisión del IMMF "no estaba suficientemente motivada" y que su postura era favorable a impugnarla, al igual que ha hecho Habiba a través de la Fundación Raíces.

La pasada semana, la Defensora del Pueblo remitió un escrito a la Comunidad de Madrid en el que solicitaba que la pequeña sea evaluada en un centro hospitalario y urgía a que se la volviera a juntar con su madre ante los informes emitidos por pediatras que señalan la posibilidad de que desarrolle problemas psicológicos o psiquiátricos por su separación brusca de la madre, a la que solo le conceden dos o tres horas de visita a la semana, y su traslado a un centro de acogida.