La Generalitat tiene retenidas desde enero casi 9.000 ayudas a dependientes

"La Ley de la Dependencia está paralizada desde enero de 2011", ha denunciado esta mañana Juan Bueno, trabajador social y miembro de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. La plataforma ha realizado una rueda de prensa para hacer balance de la situación. En ella ha denunciado que la Generalitat tiene retenidas desde enero un total de 8.885 resoluciones de ayuda a dependientes ya firmadas, es decir, en las que se reconoce el derecho a recibir una prestación. Los dependientes creen que las resoluciones llegarán justo antes de las elecciones. Lo habitual es que las resoluciones lleguen firmadas cada dos meses.

La plataforma recordó que a uno de mayo había en la Comunidad Valenciana 105.432 solicitudes de ayuda presentadas por dependientes. De este total, 74.171 tenían derecho a percibir una prestación y de ellas, 45.675 dependientes la deberían estar cobrando. En la Comunidad Valenciana hay casi 20.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación pero no aún no tienen firmada la resolución. Hay un 15% de los dependientes que solicitaron ayuda que ya han fallecido, lo que supone alrededor de 15.000 personas.

En la rueda de prensa ha participado también la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, quien ha explicado que lo más preocupante de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana es el retraso y la falta de criterio. Caballero asegura que hay resueltos expedientes de 2009 y pendientes de 2007 y ha insistido en que "desde el principio la ley ha estado enfocada de una manera que hace muy difícil su cumplimiento". La adjunta al Síndic también ha dejado claro que la Comunidad junto con Madrid y Canarias son las tres autonomías donde el nivel de quejas es más grave.

Las plataformas valencianas de dependencia están preparando la entrega de diplomas de buenas y malas prácticas, un reconocimiento que entregarán en un acto en Alicante porque fue en esta provincia donde se empezó a organizar el colectivo. Al apartado de malas prácticas opta el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que consideran máximo responsable de la mala aplicación de la ley o el consejero Juan Cotino, que actualmente ocupa la cartera de Urbanismo pero al que los dependientes consideran todavía máximo responsable real en la Consejería de Bienestar Social.