La Audiencia Provincial absuelve al arzobispo de Granada de coacciones e injurias

La Audiencia Provincial ha absuelto al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, del delito de coacciones y la falta de injurias por las que fue condenado por Juzgado de lo Penal 5 de Granada después de que un sacerdote le denunciara. A pesar de esta resolución, que ha sido dictada por todos los miembros del tribunal, la sala no aprecia "razones" para modificar el relato de hechos de la sentencia recurrida, por la que se le condenó al pago de una multa de 3750 euros.

Esa resolución atribuía el origen de todas las acciones de Martínez contra el cura que le denunció a la vinculación del primero con CajaSur y decía que esto fue lo que le llevó a, entre otras cosas, ordenar al querellante que paralizara un libro sobre la Catedral de Granada de la que era coordinador y que estaba financiado por esa entidad.

No obstante, ahora la Audiencia considera que, al margen de que fuesen esas relaciones del querellante con CajaSur la razón "más poderosa" del cese en sus cargos, esta cuestión "no resulta relevante" penalmente ya que, explica, aquellos cargos eran de confianza y podían ser "removidos" por el arzobispo.

"La decisión de detener la publicación de la obra estaba al alcance del acusado, y la orden impartida a su subordinado jerárquico, coordinador de aquella, no puede integrar el requisito de ausencia de legitimación", dice la Sección Segunda, que considera que esta determinación, por tanto, estaba "amparada" por la condición del prelado de editor de la misma.

Las injurias han prescrito

Respecto a las injurias, que en cualquier caso ya habrían prescrito, la sentencia considera que las expresiones contenidas en unos de los decretos de Martínez, que motivaron la suspensión del sacerdote, lesionaron su honor y buen nombre en su comunidad.

"La atribución al querellante por parte del arzobispo de las conductas a que se refiere el decreto -apropiación de bienes, entre otros- (...) no es una afirmación de menor entidad", dice la Audiencia, que considera las acusaciones "sin ningún sustento sólido y apoyadas en meras hipótesis o especulaciones".

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se convirtió el pasado 14 de noviembre en el primer prelado que se sentaba en el banquillo de los acusados para responder de los delitos que le atribuyó un sacerdote, en un caso que suscitó un gran interés social y mediático.