Del Castillo modificará la futura ley universitaria para evitar el cese de los actuales rectores y claustros

De esta manera, los rectores y los claustros cuyos mandatos finalicen después de la entrada en vigor de la ley quedan prorrogados en su cargo hasta que se proceda, en los seis meses siguientes, a la elección de rector y claustros constituyentes.

Esta situación afectaba a seis o siete universidades, según fuentes ministeriales, que hubieran tenido que celebrar un proceso electoral previo a la convocatoria de elecciones constituyentes.

Además, se dejará que sea la propia comunidad universitaria la que determine si se celebran unas segundas elecciones una vez que hay finalizado este proceso constituyente y se hayan elaborado los estatutos (periodo que durará nueve meses).

De esta forma, la futura ley sólo establecerá la celebración de unas elecciones a claustro y rector, y "no exigirá que haya unas nuevas tras el proceso constituyente", ha aclarado la ministra.

El anteproyecto de ley, elaborado por el Ministerio, establecía que las universidades tenían que abrir un proceso constituyente, con elecciones para elegir claustros y rectores que desarrollaran los nuevos estatutos, que en algunos casos suponía celebrar hasta tres elecciones en menos de dos años.

En conferencia de prensa, Del Castillo ha explicado que para el Ministerio es fundamental que la comunidad académica participe, con la elección de nuevos rectores y claustros, en la elaboración de los nuevos estatutos, que regularán estas instituciones y las adaptarán a la nueva normativa.

Dictamen del Consejo de Estado

Este anuncio se produce después de que el Consejo de Estado emitiera su informe sobre el anteproyecto de ley, que fue solicitado por la ministra porque "aunque no era obligatorio, se consideró que era oportuno tener la opinión" de este organismo consultivo.

El Consejo de Estado dictaminó a favor, aunque hizo algunas observaciones respecto de la apertura de este proceso constituyente, y planteó que era posible que los actuales órganos (claustro y rector) realizaran una "mera adaptación de los estatutos" a la futura normativa.

Asimismo, este organismo planteó la posibilidad de que en el Consejo Social de las Universidades hubiera más presencia académica, a lo que la ministra respondió que esta fórmula implicaría que se ampliara la parte social en el Consejo de Gobierno, algo rechazado "fundamentalmente" por los rectores, que consideraron que vulneraba la autonomía universitaria.

El Ministerio de Educación, desde que el jueves pasado recibió este informe del Consejo de Estado, trabaja para estudiar e incorporar sus recomendaciones, la mayoría de ellas de naturaleza jurídica.

Del Castillo ha reiterado que "los datos evidencian que se ha producido un amplio debate sobre la reforma, que se prorrogará durante el trámite parlamentario", y a su juicio, todo aquel que tiene como objetivo mejorar la calidad del sistema universitario está a favor, en lo sustantivo, con la propuesta del Ministerio.