Lógica y prueba de cargo

El juicio que empezó este lunes se celebra solamente por una razón: la obstinada negativa del magistrado instructor, Pablo Llarena, frente a los cuatro fiscales del procés. Fueron ellos quienes le solicitaron incluir la presencia de Josep Lluís Trapero, entre otros, en el banquillo del Tribunal Supremo. Porque, según dejaron constancia por escrito, Trapero era “inescindible” respecto de la causa de los otros investigados. Pero Llarena necesitaba hacer una instrucción exprés y no se podía detener en los Mossos.

El talón de Aquiles que representaba esa decisión era esta: traicionaba la teoría del propio instructor. A saber: que los 17.000 hombres armados de la policía autonómica proyectaban el elemento del tipo penal de la rebelión, aquello que permitía justificar la tipicidad del delito. O sea: la violencia intimidadora. Ni Llarena ni el tribunal del procés (que escuchó al exjefe de los Mossos en calidad de testigo) lograron encontrar el smoking gun, la prueba de cargo contra Trapero. En realidad, de su equipo solo él y la intendente Teresa Laplana —esta última por el registro del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía— han sido imputados y más tarde acusados.

Tanto Llarena como la sentencia del Supremo del 14 de octubre de 2019 culpabilizan a los Mossos, pero sin pruebas directas. Este juicio difícilmente va a encontrarlas. Llarena ya lo confesaba de facto al elaborar su auto de procesamiento del 23 de marzo de 2018: “Un análisis sujeto a las reglas de la lógica y de la experiencia humana permitiría concluir que los responsables políticos tuvieron que cursar a la policía autonómica la orden de no impedir la votación y que los responsables policiales —por esta exigencia— diseñaron un mecanismo de actuación que impedía que un agente de los Mossos d’Esquadra pudiera cumplir la decisión judicial de un modo real o eficaz”, señala. Es decir: el Govern “tuvo” que hacer cumplir una hipotética “orden” y que Trapero diseñó, subordinándose a sus jefes políticos, el presunto mecanismo de simulación que consistiría en hacer “como si” los Mossos impedían el referéndum para que éste en realidad tuviera lugar.

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo intentó explicar esa conducta nada más empezar su interrogatorio, cuando destacó que Trapero fue el primer policía autonómico que obtuvo en 2017 la categoría profesional de major, vacante, por así decir, durante diez años. Y lo asoció a la relación personal de Trapero con Puigdemont, hecho que el major negó.