Bruselas lleva a España a la justicia europea por no adaptarse a las normas comunitarias de protección de datos

La Comisión Europea llevará a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adaptar su normativa nacional a la directiva comunitaria sobre protección de datos en el ámbito penal. Bruselas ha decidido este jueves denunciar a España por demorarse más de un año en la transposición de la directiva y no haber dado notificado al Ejecutivo comunitario la adopción de ninguna medida para ajustarse al marco europeo. La Comisión, además, reclama una sanción millonaria que, de entrada, ronda los 8,7 millones de euros pero que se irá incrementando por cada día de incumplimiento.

La directiva relativa a la protección de datos personales por parte de autoridades policiales para la prevención, investigación o enjuiciamiento penal se aprobó en abril de 2016. El Parlamento Europeo y el Consejo dieron un plazo a los países miembros hasta el 6 de mayo de 2018 para adaptar sus legislaciones. Sin embargo, Grecia y España todavía no lo han hecho, por lo que la Comisión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto.

Según anunció este jueves, finalmente llevará a ambos países a la justicia europea al entender que la protección de los datos personales “es un derecho fundamental consagrado” por la UE. La directiva fija normas relativas al tratamiento de los datos personales por parte de los cuerpos policiales, de modo que víctimas, testigos, sospechosos y testigos de delitos estén “debidamente protegidos en el contexto de una investigación penal”, según informó Bruselas en un comunicado. Además, la directiva facilita la cooperación transfronteriza entre policías, fiscales y jueces, por lo que la UE lo considera una pieza clave para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en el continente.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción con una carta de emplazamiento. Al no tener respuesta de España y Grecia. “A día de hoy, no han notificado todavía a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la directiva”, añade el Ejecutivo.

Bruselas pide a la justicia europea que imponga una suma de 21.321 euros por cada día que ha pasado sin que España haya adaptado sus normas al derecho comunitario. De momento, eso suma alrededor de 8,7 millones de euros. Pero la cifra puede crecer, porque reclama que el contador siga hasta que el Parlamento ajuste su ordenamiento jurídico o haya la primera sentencia de la Corte de Luxemburgo. A partir de ese fallo, si sigue sin transponer la directiva, se le reclamarán 89.548,2 euros diarios hasta que haya una segunda sentencia o dé pleno cumplimiento a la directiva europea.