La Fiscalía carga contra la juez de los ERE por propiciar la “parálisis” del caso

“La situación es de parálisis (…) hay una inequívoca actuación dilatoria, incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes (…) una inactividad real y efectiva de impulso procesal”. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado con una inusual dureza esta semana a la juez instructora del caso ERE, María Núñez, ante el Poder Judicial. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, repasa en un escrito de 110 páginas los cuatro años de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y detalla una por una lo que considera “abrumadoras muestras de conductas irregulares”.

Los seis fiscales de la delegación de Anticorrupción en Sevilla remitieron el resumen a Luzón y ahora este ha censurado a Núñez por haber dictado solo cinco autos de procesamiento de las 187 piezas de la macrocausa de los ERE y 36 archivos, con una nula voluntad de propiciar que las investigaciones avancen. Anticorrupción le acusa de ignorar las órdenes de la Audiencia de Sevilla, de propiciar el riesgo real de prescripciones y de archivar por sistema ciertas investigaciones en su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial.

Anticorrupción ya criticó en 2013 la lentitud de la instrucción de Alaya por abocar a prescripciones que de hecho se produjeron en 2016, pero lo expresó en forma de escritos al juzgado, no con una denuncia ante el Poder Judicial. Pese a que antaño las discrepancias eran graves y el diálogo se limitó al papel entre los fiscales y Alaya, la ruptura con Núñez ha sido mucho más drástica.

La Fiscalía achaca a la juez un ánimo que persigue la “paralización” de la macrocausa. “Se muestra pasiva o se limita a dar una mera apariencia de tramitación de las diligencias”. “La desatención a las resoluciones de la Audiencia no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada, evidente e inequívoca, sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias solicitadas o presentando trabas o reiterando resoluciones ya desestimadas (…) tiene una “inequívoca actuación dilatoria”, concluye el escrito, que resume las actuaciones que considera irregulares en las alrededor de 150 investigaciones del juzgado.