Lesmes dará un nuevo aviso a las Cámaras para renovar el Poder Judicial

Más de seis meses después de que haya acabado el mandato de cinco años del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, su presidente Carlos Lesmes ultima ahora un nuevo aviso a las Cámaras para que procedan a la renovación de sus componentes. Un escrito que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se prevé enviar antes de agosto a los presidentes del Congreso y del Senado, y que será el tercero. Lesmes ya alertó en agosto del pasado año de que activaba el procedimiento para que se reemplazase a los vocales del Consejo; y lo reiteró en una segunda carta enviada en enero de este 2019.

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Según informó el Poder Judicial, en esta segunda misiva se avisaba a los entonces presidentes de las Cortes, Ana Pastor y Pío García-Escudero, que resulta "legalmente obligado" llevar a cabo la renovación del Consejo en "el plazo establecido por la Constitución y por la Ley Orgánica del Poder Judicial". Pese a ello, los partidos siguen sin ponerse de acuerdo y el reemplazo permanece paralizado desde que saltase por los aires el pacto entre PP y PSOE.

Proceso paralizado

Los dos partidos mayoritarios acordaron en noviembre de 2018, un mes antes de que venciera el plazo límite, un reparto del CGPJ de mayoría progresista y presidido por Manuel Marchena, de corte conservador. De hecho, las Cámaras abrieron la comisión para comenzar a evaluar a los candidatos. Pero la filtración de un mensaje de móvil del portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, donde alardeaba de que la formación conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Marchena, provocó la renuncia de este magistrado a ocupar ese puesto. Y, de inmediato, la paralización de la renovación del Consejo.

Esta situación de provisionalidad de los vocales ha enconado las relaciones del actual CGPJ con tres de las cuatro asociaciones judiciales —todas excepto la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)—. Sobre todo, después de que el Poder Judicial haya decidido activar en mayo el nombramiento de altos cargos judiciales, como presidentes de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. "Carece de la legitimidad para ello", le reprocha uno de los colectivos.