La Fiscalía se opone a que los presos candidatos hagan campaña en la calle o en los recesos del juicio del ‘procés’
El ministerio público apoya su negativa en los autos que dictó el Supremo para las elecciones catalanas de 2017


La Fiscalía se opone “absolutamente” a que los líderes independentistas presos que concurren como candidatos a las elecciones generales del 28 de abril puedan salir de la cárcel para participar en actos de campaña o hacer entrevistas y atender a los medios en los recesos del juicio del procés. Según el ministerio público, acceder a la petición de los candidatos presos “propiciaría” la situación de riesgo que se quiso evitar cuando se decretó contra ellos la prisión preventiva.
La petición para poder hacer campaña en la calle o, de forma subsidiaria, en los recesos del juicio del procés fue presentada por la defensa de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez. Los tres concurren como cabezas de listas de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 28-A. La Fiscalía ha apoyado su informe desfavorable en los autos que dictó el propio Supremo en diciembre de 2017 con motivo de las elecciones catalanas convocadas tras la aplicación del artículo 155. El informe del ministerio público recuerda párrafos literales de los escritos que entonces firmó el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, en los que advertía que permitir a los presos salir de la cárcel para hacer campaña posibilitarían “el impulso de movilizaciones inmediatas” y podrían aprovecharse para provocar “tumultos” en respuesta al resultado electoral o a cualquier actuación política contraria a sus intereses.
La Fiscalía admite que la petición de los presos genera “un conflicto de intereses y de derechos” entre el ejercicio del derecho fundamental de participación política y las razones que llevaron a decretar la prisión preventiva. Y este choque, según el ministerio público, debe ser resuelto “en favor del orden constitucional” por el que vela la decisión de encarcelar a los acusados por rebelión.
El ministerio público rechaza los argumentos expuestos por las defensas, que alegaron que impedirles hacer campaña fuera de la cárcel o en los descansos del juicio perjudica sus posibilidades de ser elegidos diputados. Los presos, recuerdan los fiscales, se han integrado en las candidaturas estando ya encarcelados y con el juicio en marcha, por lo que aunque esta situación comporte una “limitación evidente” para su participación en campaña, no impide que sean elegidos. El ministerio público hace suyas también en este punto las razones que ya esgrimió Llarena para rechazar una petición similar durante la campaña de los comicios catalanes. “Ni supone la imposibilidad de ser elegido, ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática” porque los candidatos presos no tienen “completamente anuladas” sus posibilidades de dirigirse al electorado. Además, recuerda el escrito, la posibilidad de ser elegidos “va engarzada” a la de otros miembros de su lista que sí pueden hacer campaña con normalidad.
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