Cuando la solidaridad en el mar puede acabar entre rejas

Hay una escena que no abandona a Miguel Roldán. Es junio de 2017 y lleva 18 horas trabajando en un barco de rescate de inmigrantes en aguas del Mediterráneo. Una llamada alerta del naufragio de otra patera. Pasan las 22.00 y la oscuridad es total. Junto a dos compañeros se lanza a buscarlos en un pequeño bote. Navegan 200 metros, apagan motores y se guían por los gritos de auxilio. En menos de 10 minutos los encuentran, pero desde el Centro de Control de Rescate y Búsqueda de Roma no les dan permiso para el rescate. Estaban en aguas libias y había que negociar con el país africano. El permiso llegó 15 minutos después, pero un cuarto de hora es una eternidad en esas condiciones. “Solo pudimos rescatar a la mitad de los tripulantes, muchas personas se ahogaron”, recuerda este malagueño de 32 años que desde 2013 forma parte de la unidad subacuática de los  Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. Esa acción solidaria, junto con otras similares de ese verano, puede llegar a acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión por una supuesta cooperación con tráfico de personas.

Con experiencia previa en rescates en el mar Egeo, junto a la isla de Lesbos, Roldán pasó 20 días de sus vacaciones de verano de 2017 a bordo del barco Iuventa, un viejo pesquero reconvertido en barco de rescate por la ONG alemana Jugend Rettet. El equipo partió desde el puerto de La Valeta (Malta) hasta situarse a 17 millas náuticas de la costa de Libia, en aguas internacionales. En esas tres semanas rescataron a 5.000 personas. Cuando él volvió a Sevilla, el buque continuó con nuevas misiones en el Mediterráneo central, donde los rescates aumentaron en las siguientes semanas hasta las 14.000 personas. Su labor quedó truncada el 2 de agosto, cuando las autoridades italianas inmovilizaron el barco y comenzaron una investigación por supuesto tráfico de personas. Como resultado, un juzgado de Trapani, en Sicilia, les acusa de cooperación con el tráfico de personas.

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La justicia italiana ha acusado a 10 tripulantes del barco: siete de nacionalidad alemana, una chica escocesa, un chico escocés y el propio Roldán. Se han autodenominado Grupo Iuventa10. “Es algo increíble. Respetamos las normas de tal manera que vimos morir gente por la burocracia. La acusación es un enorme jarro de agua fría”, explica el bombero. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2017 murieron 3.116 personas intentando cruzar el Mediterráneo. La mayoría, 2.832, en la ruta central, en la que fue voluntario Roldán.

“Desde el inicio de la operación tuvimos una cooperación directa y total con las autoridades italianas”, insiste el alemán Sascha Girke, uno de los fundadores de Jugend Rettet y jefe de la misión en la que participó Roldán, al que describe como “alguien de buen corazón, comprometido, serio y experimentado”. Según explica, el objetivo principal de Iuventa era desplegar el barco en áreas donde las personas migrantes se encontraban en peligro —había entre 250 y 300 kilómetros de distancia a la isla de Lampedusa y Malta—, buscarlas activamente y rescatarlas. Más tarde, trasladaban a las personas salvadas a buques de entidades como Médicos sin Fronteras o Save the Children.

La situación de Roldán es similar a la que vivieron otros tres bomberos de Sevilla miembros de la ONG Proem-aid, aunque fueron absueltos. “La gran diferencia entre los casos es que nosotros lidiamos con la justicia griega, pero a él es Italia quien le acusa. Un país que tiene una política de acoso y derribo contras las ONG, especialmente desde que llegó Matteo Salvini como ministro de Interior”, subraya Onio Reina, presidente de la Proem-Aid.

Según la información facilitada por los responsables de Jugend Rettet, la fase de investigación acabará durante el verano. Y si finalmente hay juicio, este podría comenzar a finales de año. El bombero malagueño confía, eso sí, en que ni siquiera llegue a celebrarse. “Solo un minuto en la cárcel por salvar vidas ya sería demasiado”, sentencia Miguel Roldán.