Dastis afirma que el Diplocat desvió más de 1,5 millones para el ‘procés’
El titular de Exteriores denuncia la desviación de fondos públicos a favor de la ruptura


El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado este martes en el Senado que el organismo que coordinaba las embajadas catalanas en el exterior (Diplocat) desvió en 2017 más de 1,5 millones de euros públicos para favorecer el independentismo. Como informó EL PAÍS, el Gobierno detectó en marzo que la Consejería de Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia destinó en los últimos años 27 millones de euros del Presupuesto de esta institución para impulsar el proceso de ruptura y el intento de establecer una República catalana.
"Le voy a dar algunas cifras", ha dicho Dastis al responder una pregunta del senador Jordi Martí (ERC) durante la sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara Alta. "El presupuesto de Diplocat en 2017 fue de 2,3 millones de euros. De esa cantidad, 805.000 euros fueron destinados a gastos de personal, y el resto, algo más de 1,5 millones de euros, a actividades relacionadas con fines encaminados en la práctica a la ruptura del orden constitucional y a la división entre catalanes", ha asegurado. Y ha rematado: "Hablamos de un gasto por lo menos inútil, y por lo más de una desviación de dinero público para fines que no benefician a los catalanes sino al establecimiento de una supuesta república catalana".
La afirmación del ministro de Exteriores llega en plena polémica sobre el control que hizo el Gobierno de las finanzas de la Generalitat, que es previo e independiente de la intervención ejecutada al amparo del artículo 155 de la Constitución. Según el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se ha desviado ni un solo euro de dinero público para favorecer el independentismo. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reclama a Alemania la extradición de Carles Puigdemont por malversación, y ha procesado a otros líderes independentistas por el mismo delito.
Al tiempo, la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno ha llevado al cierre de Diplocat, incluyendo 11 de sus sedes en el extranjero (todas menos la de Bruselas); al cese de sus 12 responsables políticos; y al despido de sus empleados.
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