El doble papel de la presidenta del Parlament merece “mayor reproche”

El auto de medidas cautelares de Pablo Llarena otorga a Carmen Forcadell un papel "medular" en todo el proceso independentista, un protagonismo que, según el magistrado Pablo Llarena, obliga a distinguir su comportamiento del resto de miembros de la Mesa investigados. La actuación de la presidenta de la Cámara, merece, según el juez, "mayor reproche".

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El magistrado del Supremo amplía incluso los indicios que la fiscalía señalaba sobre Forcadell en su querella y no se centra en su papel como máxima responsable del Parlament sino que se remonta a su etapa como presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC). El juez considera que el poder ejecutivo, el parlamentario y la sociedad civil (ANC y Òmnium) se unieron en "una estrategia conjunta" para conseguir la independencia de Cataluña. En este esquema, Forcadell aparece pues en dos papeles protagonistas distintos: primero como líder civil y luego política.

Forcadell presenta "una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos", advierte el juez. Desde la ANC, "perfiló, asumió, y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva". Esta actuación fue "esencial" para que avanzara el desafío independentista y culminó cuando llegó a la presidencia del Parlament, desde donde se "perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia" y se aportó "el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba": las leyes del referéndum y de desconexión, que condujeron a la declaración de independencia y que hubieran conducido, según Llarena, "a la convocatoria de unas elecciones constituyentes de no haberse autorizado por el Senado y aplicado por el Gobierno, las medidas que permitieron placar el objetivo secesionista".

El liderazgo de Forcadell aporta a sus iniciativas "una trascendencia social, administrativa e institucional, que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes", sostiene el juez, que advierte de que este protagonismo repercutirá previsiblemente en un mayor castigo futuro si los delitos se confirman y suponen desde ahora un mayor riesgo de fuga, lo que implicó que las medidas cautelares impuestas a la presidenta de la Cámara fueran más duras que las del resto.