Primera prisión por maltrato animal en España
La expresidenta de la perrera de Torremolinos, condenada a tres años y nueve meses por el sacrificio masivo de mascotas

El Juzgado de lo Penal 14 de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión de Carmen Marín, expresidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos (Málaga), condenada a tres años y nueve meses de prisión por el sacrificio “masivo” e “indiscriminado” de perros y gatos en este albergue. El auto que acuerda esta medida rechaza suspender la pena y da un plazo “improrrogable” de cinco días a Marín para que entre voluntariamente en la cárcel. Si no es así, advierte el magistrado, se acordará su busca y captura.
Marín fue condenada en enero pasado por los delitos continuados de maltrato animal doméstico y falsedad en documento oficial, además de por intrusismo profesional, fallo confirmado a mediados de octubre por la Audiencia Provincial de Málaga. La fiscalía reclamó, entonces, su ingreso en prisión, petición atendida ahora por el juzgado que enjuició los hechos. La resolución judicial resalta que no procede suspender la pena por la extensión de las penas impuestas y alude a “la “gravedad de la conducta desarrollada” por Marín.
Fue ella quien creó en 1996 la protectora Parque Animal, que tenía la concesión del Ayuntamiento de Torremolinos para recoger las mascotas abandonadas en el municipio. Según dictaminó el juez, los sacrificios de los animales tenían una finalidad “lucrativa” y se practicaron entre principios de 2008 y octubre de 2010. Marín, que durante el juicio negó los hechos, impartía las instrucciones y “ejecutaba materialmente” esas muertes con la colaboración de uno de sus trabajadores.
La fiscalía, basándose en los informes del Seprona de la Guardia Civil, fijó en 2.183 los perros y gatos sacrificados. El juez, sin embargo, apuntó que el número era “indeterminado”, aunque “masivo”, y señaló un fin lucrativo porque el objetivo era crear espacio en las instalaciones para acoger nuevos animales, por los que se percibía una cantidad económica. Por un perro adulto se cobraba 60 euros, por un cachorro, 45 y por un gato, 25 o 30 euros.
Los sacrificios se realizaban “sin control” veterinario alguno y los productos eutanásicos (se utilizaba sobre todo Dolethal) eran suministrados por la condenada, que no tenía titulación, en menor dosis de la indicada para que el animal no sufra. La muerte de las mascotas era “lenta” y su agonía, “dolorosa y prolongada”. Las sesiones para segar la vida de los perros y gatos se practicaban “de forma sistemática regular en el tiempo”, en ocasiones dos veces por semana, y se intensificaban los meses estivales. En una sola de ellas se podía llegar a sacrificar “hasta varias decenas” de animales, según se determinó en el juicio. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en su sentencia, aceptó los hechos declarados probados por el juzgado.
La protectora El Refugio ha ejercido la acusación popular en este procedimiento y también pidió, como la fiscalía, la ejecución de la sentencia y el ingreso en prisión de la expresidenta de Parque Animal.
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