Cuando investigar un incendio es una misión imposible

Galicia fue la comunidad autónoma de España en la que más fuegos forestales se registraron el pasado año. En 2016, hubo en esta comunidad 1.872 conatos –como se llama a los que afectan a menos de una hectárea– y 528 incendios, los que superan esa barrera de los 10.000 metros cuadrados de superficie quemada. ¿Y cuántas sentencia sobre incendios hubo en Galicia en 2016? ¿1.000? ¿500? ¿100? No, exactamente, 34.

No es que fuera 2016 un mal año en la persecución de estos delitos medioambientales, cuyas penas se endurecieron con la reforma del Código Penal de 2015. Ese 2015 las sentencias en Galicia fueron 22. Y en 2014 llegaron a 45, según la última memoria de la Fiscalía Superior de Galicia.

Más información

¿Qué hacen dos ballenas azules frente a la costa gallega?

Los radares y las cámaras de tráfico dejan de funcionar en la Comunidad Valenciana

“Investigar estos delitos es lo más complicado, más complicado que los homicidios”, explica un mando del Seprona de la Guardia Civil sobre las pesquisas en un caso de incendio forestal. “La escena del crimen se te ha quemado”, añade.

Y el delito se comente “en medio de la nada”, sin testigos. Los investigadores, ya sean agentes autonómicos, policías nacionales o guardias civiles, tienen primero que localizar el punto de inicio y tratar de averiguar si ha sido intencionado. Y luego preguntar mucho en los bares, en las esquinas, a los vecinos… Hasta encontrar a alguien que haya visto o escuchado algo.

Hace solo una semana la Guardia Civil concluyó la llamada Operación Lumex. Y detuvo a un brigadista contra incendios de Lobios (Ourense) acusado de seis incendios este verano. A principios de septiembre, otro vecino de Agolada (Pontevedra) fue detenido acusado de otros 16. En este último caso, los agentes (que montaron un dispositivo de seguimiento) lograron pillar in fraganti al detenido cuando prendía un fuego en el monte.

Pero esa es la excepción, de ahí que en muchos casos sea complicado que prosperen los procesos judiciales por este tipo de delitos. En la mayoría, los agentes acumulan con su reconstrucción una “suma de indicios”, señala este mando del Seprona. Y a veces esa suma no es suficiente.

Quizás uno de los casos más llamativos es el del incendio de Riotinto (Huelva) de 2004, que arrasó 35.000 hectáreas y que se llevó por delante la vida de dos personas. Se detuvo a un sospechoso, que incluso llegó a estar en prisión preventiva. Se llegó a juicio y la Fiscalía pidió para él 26 años de prisión. Se celebró el juicio y fue absuelto por falta de pruebas. La suma de indicios no era suficiente para demostrar su culpabilidad.