El Supremo reconoce a Gibraltar el derecho a litigar ante tribunales españoles

El Supremo ha reconocido este viernes a Gibraltar el derecho a defender su imagen ante los tribunales de España y exigir una rectificación a los medios de comunicación españoles por informaciones que juzgue perjudiciales para sus instituciones y sociedad. La colonia británica no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, pero el alto tribunal ha considerado que sí reúne los requisitos para que se le reconozca la personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles.

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La sentencia señala que la publicación de hechos que relacionan a Gibraltar —a personas y empresas radicadas en el territorio o a sus instituciones— con actividades reprobables e ilícitas afectan a la sociedad gibraltareña.

El Supremo aclara que aunque las personas jurídico-públicas no son titulares del derecho al honor y, por tanto, ese derecho no puede serles vulnerado, basta con que los hechos publicados sean perjudiciales para las instituciones gibraltareñas como para que puedan ejercer el derecho de rectificación.

El fallo está vinculado con la demanda que el Gobierno de Gibraltar interpuso contra el diario ABC y su director, Bieito Rubido Ramonde, para solicitar una rectificación a informaciones publicadas en febrero de 2015 que, a su juicio, perjudicaban su imagen porque la relacionaban con el crimen organizado.

Un juzgado madrileño y, después, la Audiencia Provincial de Madrid, rechazaron la demanda. La Audiencia consideró que Gibraltar no es un Estado y carece de personalidad jurídica reconocida por España, porque es un territorio del Reino Unido.

Gibraltar recurrió contra este fallo y pidió al Supremo que lo anulara y que elevara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y formulara ocho preguntas. El Supremo ha rechazado esta segunda petición y no ha dirigido ninguna pregunta sobre el estatus de Gibraltar al TJUE, pero sí ha estimado el recurso. Así, reconoce a Gibraltar la capacidad para ser parte en un procedimiento sustanciado ante los tribunales españoles, a pesar de no ser un Estado.