El juez de Púnica rechaza interrogar como testigo a Esperanza Aguirre por "innecesario"

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha decidido rechazar la petición del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, para que comparezcan como testigos 25 ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Esperanza Aguirre. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado argumenta su decisión en "la gran cantidad de declaraciones solicitadas, innecesarias muchas en este momento procesal". Velasco invita al que fuera secretario general del PP madrileño y hoy único encarcelado por la red de corrupción, a "solicitarlas en la fase del juicio oral".

La decisión del juez tiene fecha del pasado 17 de marzo, sólo dos días después de que Granados presentara un escrito para solicitar una batería de diligencias en el caso Púnica, entre las que se incluía las 25 testificales. En el mismo, el político hoy encarcelado asegura que la declaración de Aguirre era “necesaria” para que ésta explicase qué papel jugaba él en los Ejecutivos regionales cuando fue integrante del mismo y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”. El presunto cabecilla de la trama también quería que la expresidenta madrileña detallase qué participación pudo tener él en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios “y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos” ahora bajo sospecha.

Junto a Aguirre, Granados pedía que también se citase como testigo a Jaime González Taboada, actual consejero del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, y que durante la etapa de Aguirre ocupó el cargo de director general de Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Arpegio, la empresa pública del suelo investigada en el caso Púnica. Su nombre apareció en la declaración del arrepentido David Marjaliza como supuesto receptor de mordidas por la adjudicación de obras del Plan Prisma. En este caso, el ex secretario general del PP madrileño quería, precisamente, que Taboada “desmienta” aquellas acusacioneslas declaraciones del constructor David Marjaliza. Además, quería que detallase si conocía la existencia de pagos al propio Granados y si tenía constancia de que algún empleado de la sociedad pública Arpegio había manifestado "temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

En la lista de testigos propuestos por el presunto cabecilla de la trama, y ahora rechazada por el juez Velasco, se encontraban también dos diputados actuales del PP en la Asamblea de Madrid, el también senador Juan Soler y Bartolomé González, quien fuera alcalde de Alcalá de Henares y una de las personas de la máxima confianza de Aguirre. Granados quiere que ambos sean interrogados por las acusaciones que lanzó contra ellos Marjaliza durante su confesión, cuando los señaló como supuestos receptores de sobornos a cambio del amaño de contratos públicos. También solicitaba las comparecencias de los exconsejeros Mariano Zabia Lasala, Beatriz María Elorriaga, Ana Isabel Mariño y Santiago Fisas, del exalcalde socialista de Getafe Pedro Castro, de siete concejales del Ayuntamiento de Valdemoro y de varios altos cargos de la Comunidad ligados a Arpegio y al Plan Prisma.