El tribunal condena a Manos Limpias a pagar las costas de Cristina de Borbón

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El sindicato ultraderechista Manos Limpias, pendiente de disolución, ha recibido este viernes el que quizá sea el golpe definitivo. La entidad dirigida por Miguel Bernad, que acusaba en solitario a la infanta Cristina, para la que pedía ocho años de cárcel por delito fiscal, deberá abonar a la hermana del Rey la totalidad de las costas del proceso, del que finalmente ha salido absuelta. También deberá abonar el 50% de los gastos de defensa jurídica de Ana María Tejeiro, esposa del socio de Urdangarin Diego Torres, y que también ha quedado exonerada.

El seudosindicato deberá reintegrar a la infanta los siguientes gastos: los honorarios del abogado y del procurador, los honorarios de peritos, las copias, certificaciones, notas y testimonios que se piden a los registros públicos, y los gastos de notarios.

Manos Limpias desapareció del panorama judicial español el 15 de abril de 2016, cuando estalló la llamada Operación Nelson contra la extorsión que practicaba la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, entró en prisión por esta causa y salió la pasada Nochebuena en libertad bajo fianza de 50.000 euros. En esa investigación de la Audiencia Nacional se descubrió que Manos Limpias trató de extorsionar a la defensa de la Infanta, exigiendo tres millones de euros a cambio de la retirada de la acusación, lo que la hubiera librado del banquillo.

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La abogada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha confirmado a EL PAÍS que no recurrirá la sentencia: “Mi trabajo termina aquí”. Al margen de las últimas gestiones pendientes tras el anuncio de la resolución, la letrada recuerda que ya había adelantado “que mi función iba a morir con la sentencia”. “Mi sacrificio personal me hizo llegar hasta el final del juicio, pero ya no voy a seguir”, concluye.

Pese a las informaciones de los últimos meses, que apuntaban cómo el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, iba a dar orden de no recurrir el fallo en caso de absolución de la Infanta y le iba a retirar el poder de representación, ella asegura que sigue manteniendo esa función. No obstante, añade que no ha recibido “ninguna orden, en ningún sentido” de la organización. Afirma también que desconoce a cuánto ascienden las costas judiciales que la entidad deberá pagar, de acuerdo con la sentencia.