El Parlamento fija a Rajoy las líneas rojas del pacto sobre refugiados

La crisis de los refugiados obró el milagro de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios. No había otro remedio, ya que el reglamento no permitía someter la propuesta a votación y solo podía salir adelante por unanimidad, como así ocurrió.

El Gobierno era consciente de que, al estar en funciones, carece de legitimidad para firmar el acuerdo entre la UE y Turquía para el retorno de los refugiados, por lo que buscaba la “aquiescencia” verbal de los grupos de cara a la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. Estos exigían, sin embargo, que se fijaran por escrito las líneas rojas que Rajoy no podrá sobrepasar.

Los últimos retoques al texto se dieron minutos antes de que se iniciara la comparecencia del secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, en la misma sala del Congreso donde compareció, bajo la mirada curiosa y sorprendida de los periodistas. “No diréis que esto no es transparencia”, bromeaba un diputado.

El acuerdo se logró porque el Gobierno hizo suyas la principales críticas que las organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron al preacuerdo que los mandatarios europeos alcanzaron el pasado día 7 en Bruselas con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu. O, al menos, a la interpretación que se hizo del mismo, dada su ambigüedad.

Así, el primero de los 11 puntos de la declaración parlamentaria expresa su rechazo “a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca, expresa o indirectamente, la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la UE”.

Además, considera “imprescindible” garantizar que nadie sea expulsado hasta “la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado”; y que el acuerdo con Ankara “contenga garantías de cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos”, de forma que quienes sean expulsados a Turquía no puedan ser devuletos a su país de origen y reciban protección “equivalente” a la prevista en la Convención de Ginebra, incluidos los derechos económicos y sociales. Con esta fórmula se trata de sortear el hecho de que Turquía, que no ha suscrito el protocolo de la Convención de Ginebra, solo reconozca como refugiados a ciudadanos europeos, pero no a sirios o afganos.

Las líneas rojas fijadas por el Parlamento español ya han sido asumidas por el Consejo Europeo, que se ha comprometido a introducirlas en el texto final que será sometido a los jefes de Estado y Gobierno. No podría ser de otra forma, ya que le obliga a ello la legalidad europea e internacional, de la que parecía olvidarse el preacuerdo con Turquía.

Entre otras medidas, la declaración del Parlamento exige, igualmente, “reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino” de los 3.000 millones de euros, ampliables a 6.000, que la UE ha prometido para atender a los refugiados en Turquía; aplicar “de manera solidaria” el acuerdo de reubicación de 160.000 refugiados, del que hasta ahora solo se han beneficiado 937 (18 a España); establecer vías seguras de llegada de los refugiados, para que no tengan que arriesgar su vida poniéndose en manos de las mafias; o promover una política común de asilo.

El texto final es el resultado de una ardua negociación que inició el PSOE con el envío a los demás grupos de un borrador de resolución el pasado lunes, que fue contestado por el Gobierno el martes por la noche.

Del borrador inicial han desaparecido las críticas al anticipo de la exención de visados para los turcos y la apertura de nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión de Ankara a la UE. Aunque el Gobierno también considera un error mezclar ambos temas con la crisis de refugiados, es consciente de que “algo hay que ofrecerle a Turquía”.