Las propuestas de los candidatos a La Moncloa en economía y empleo

El PSOE quiere derogar la reforma laboral mediante un decreto ley para que entre en vigor inmediatamente. Los socialistas plantean cambiar dos puntos, la negociación colectiva y la contratación para acabar con el contrato de fomento, que permitía el despido gratis durante el primer año y reducir a solo uno todos los tipos de contratos temporales.

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y su equipo se han salido con la suya respecto a que los aspectos referidos al despido laboral deben ser pactados por patronal y sindicatos. Se endurecerán las condiciones del despido, sus causas y se asegurará la tutela judicial efectiva frente al despido. El partido plantea un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Podemos propone una subida generalizada y progresiva de los principales impuestos y la creación de nuevas imposiciones a la banca, transporte y a las energías no renovables. El borrador plantea un "impuesto de solidaridad" sobre los beneficios de las entidades financieras, una bajada del IVA para alimentos y un aumento para los "artículos de lujo".

Pablo Iglesias se comprometió a impulsar un plan de ayudas que, además de contemplar "una renta garantizada para quienes no tienen ingresos de 600 euros", prevé complementar los salarios de quien cobre menos de 900 euros. La formación emergente calcula que este plan costaría 15.158 millones. El 30% de los asalariados cobra menos de 950 euros.

Albert Rivera plantea que los autónomos con un sueldo inferior al salario mínimo (648,60 euros) no tengan que afrontar una cuota mensual de cotización a la Seguridad Social, sino un único pago al final de cada año. Para el resto de autónomos se sustituiría el sistema de cuota fija mensual por el pago de un porcentaje en función de su facturación.

Ciudadanos quiere bajar el IVA general, que se aplica a la cultura, la gasolina o la electricidad, y subir el superreducido, que grava a productos de primera necesidad, como el pan o la leche. La aplicación de un complemento salarial anual con un coste de 7.800 millones de euros compensaría a los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva.

El balance provisional de la legislatura arroja un saldo con caída en el empleo y en el paro: 104.300 ocupados menos y 436.500 parados menos. A priori puede parecer una contradicción, pero no es tal. La caída del desempleo durante la última legislatura se debe exclusivamente a la reducción de la población activa durante estos cuatro años.