Pujalte insiste en que sus cobros son legales, aunque no sean éticos

Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, los principales implicados en el cobro de 429.000 euros por parte de una constructora de obra pública cuando eran diputados, según reveló este miércoles EL PAÍS, han dado sus explicaciones y su partido, el PP, las considera suficientes. Pujalte ha reconocido que esos cobros existieron y, aunque no los vea éticos, subraya que fueron legales. Trillo también ha incidido en la legalidad de los trabajos realizados por su despacho profesional. Un día después de que estos pagos a los que Hacienda no encuentra justificación hayan saltado a la luz, las reacciones políticas comienzan a producirse. El PSOE cree que el Partido Popular está dando un espectáculo perjudicial para toda la democracia. IU ha reclamado "el fin del concubinato" entre el poder económico y político, mientras que UPyD habla de una "sospecha" generalizada de que las tramas de corrupción "han sido habituales" para financiar partidos políticos y personas.

"Han dado explicaciones ellos y a ellas me remito", ha declarado escuetamente en los pasillos del Congreso el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano. El exministro había recibido 354.560 euros en casi tres años y Pujalte unos 75.000 en poco más de un año. Ambos han asegurado que declaran todos los ingresos de sus despachos tanto al Congreso como a Hacienda, y que no han recibido ninguna comunicación ni de la Agencia Tributaria ni de la Fiscalía Anticorrupción.

Pujalte, portavoz de Economía del PP en el Congreso, ha reconocido que cobró por asesorar al consejero delegado de la constructora Corporación Llorente, Mario Armero, pero ha subrayado que el pleno del Congreso le había autorizado a compatibilizar su escaño con su actividad a través de su despacho, y que nunca asesoró al sector público, cosa que sí es incompatible, según ha destacado. En una entrevista en la Cadena Ser le han preguntado si le parece ético haber cobrado de esta empresa mientras era diputado.  "No, me parece legal", ha respondido.

Pujalte ha confirmado la información publicada por EL PAÍS, que cifra el monto total del contrato en 75.000 euros. La empresa que les pagaba a ambos es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

El diputado Pujalte ha precisado que cobró 5.000 euros al mes, un monto del que luego había que deducir gastos, como "ayudante del señor Armero" en el proceso de reestructuración y desapalancamiento de la compañía, mediante "conversaciones" y "estudio de documentos" que él le pasaba. El contrato, ha dicho, se prolongó "un año largo". Y cuando Armero se fue, su contrato se acabó. "Nunca acompañé al señor Armero a ninguna visita pública ni privada, nunca participé en un proceso comercial de la compañía ni público ni privado y nunca representé a la empresa", se ha defendido el diputado.

El embajador de España en Londres, Federico Trillo, también defiende su labor como asesor de Collosa entre 2006 y 2008 a través de su despacho, que recibía 9.000 euros al mes de la constructora. Trillo también insiste en la legalidad de su actuación: "Mi despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, ha estado y está absolutamente en regla con Hacienda, hemos cumplido y cumplimos nuestros deberes fiscales y no hemos sido nunca requeridos de inspección. No hemos recibido ningún requerimiento ni de la Agencia Tributaria ni de ninguna fiscalía", ha afirmado por correo electrónico.

Trillo: Las relaciones de mi despacho con la sociedad Collosa están plenamente declaradas

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso se ha desmarcado de la trama eólica en Castilla y León que detectó Hacienda: "No tengo ni he tenido nada que ver con ninguna red de obtención de concesiones eólicas, ni en Castilla y León ni en ninguna parte". "Nunca en toda mi vida he tenido ninguna implicación en ninguna trama corrupta", sostiene.

En el PSOE se critica la confusión, casi diaria, del PP con lo público y lo privado. "Se está demostrando que altos cargos del PP están en otros intereses y no en los intereses de los ciudadanos", ha asegurado María González Veracruz, miembro de la Ejecutiva del PSOE y Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red. "Es radicalmente opuesto a lo que tiene que ser la política y a lo que defiende el PSOE", ha añadido. Los socialistas inciden en que "el reproche es ético". "Nuestro planteamiento es tajante tanto con el régimen de incompatibilidades como con la transparencia. El espectáculo que está dando el PP es perjudicial para toda la democracia", ha terminado González Veracruz.

La coalición Izquierda Plural ha exigido el fin del "concubinato" entre el poder económico y político, y que el Congreso aumente el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Es la postura que ha defendido el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela, para quien estos hechos son "todo menos una sorpresa" y ahondan en la evidencia de que había una contabilidad B en el PP y parece que el único que desconocía este extremo, ha dicho, "es el señor X de la caja B", sin aclarar si se refería al presidente del Gobierno o a otros dirigentes del partido.

Al portavoz adjunto de UPyD en la Cámara, Carlos Martínez Gorriarán, no le ha cogido de sorpresa —ha subrayado— estas nuevas revelaciones sobre el embajador de España en Londres y el todavía diputado del PP porque, según ha señalado, hay una "sospecha" generalizada de que las tramas de corrupción "han sido habituales" para financiar partidos políticos y personas.