La Agencia Tributaria actúa por un fraude de IVA de unos 40 millones

Agentes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y de Vigilancia Aduanera están llevando a cabo este miércoles en varias localidades madrileñas detenciones y registros de oficinas en una operación, llamada Flash, dirigida por un juzgado de instrucción de Alcorcón. La operación se dirige contra una red de empresas de venta de productos electrónicos, que se habría servido de sociedades tapadera para eludir el pago del IVA al simular la importación desde diversos países de la UE de estos productos.

Fuentes cercanas a la investigación precisaron que se estimaba que la cuota defraudada rondaría entre los 30 y los 40 millones de euros. Y explicaron que, al estar la operación abierta, no se podía precisar aún el número de detenciones y registros. La edición electrónica del diario El Mundo señala que serían 25 los detenidos y seis los inmuebles registrados, aunque en las primeras hora de la operación fueron 11 las detenciones y cuatro las casas registradas.

La trama de IVA destapada, cuya investigación se inició en 2013, según informa Europa Press,  operaba en la importación de bienes electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) y el fraude que llevaba a cabo consiste en crear una corriente de facturación ficticia paralela a la facturación real de los bienes.

La mecánica del fraude estriba en que los productos, a pesar de viajar directamente a España, eran facturados por empresas situadas en otros países europeos, que eran nominalmente los primeros perceptores de la mercancía, limitándose a su refacturación para otras sociedades ficticias españolas, que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez, refacturaban a otras empresas españolas (sociedades pantalla), también creadas para la ocasión, que finalmente facturaban a las distribuidoras reales.

Dado que, de acuerdo con la normativa comunitaria del IVA no procede pagar este impuesto indirecto en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las empresas españolas tendrían que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar IVA en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.