Desbarajuste generalizado

El 25 de mayo del año pasado estalló la contradicción en el interior del sistema político español entre su carácter formal y materialmente representativo. Formalmente no ocurrió nada. El PP y el PSOE perdieron varios escaños en el Parlamento Europeo, los demás partidos se quedaron más o menos igual y se incorporó Podemos con cinco escaños. Nada significativo desde el punto de vista de la legalidad, del ejercicio del poder.

Esta crisis de legitimidad es la que explica el desbarajuste generalizado que está emergiendo en este comienzo de 2015

Pero materialmente, desde el punto de vista de la legitimidad, cambió todo. Los ciudadanos pusieron de manifiesto que no se reconocían en las políticas que ponían en práctica los partidos que ocupaban todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno: municipal, autonómico y estatal. Los resultados de todos los estudios de opinión dados a conocer desde entonces lo han confirmado de manera inequívoca. El sistema de partidos en este momento ha dejado de proporcionar la legitimidad necesaria para gobernar.

Esta crisis de legitimidad es la que explica el desbarajuste generalizado que está emergiendo en este comienzo de 2015. En Cataluña, en primer lugar y con la máxima intensidad, como consecuencia de que a la crisis de legitimidad del sistema de partidos se añade la quiebra de la Constitución territorial tras el naufragio de la reforma estatutaria en el Tribunal Constitucional.

En Andalucía, inmediatamente después. El pacto de Gobierno entre PSOE e IU no ha podido soportar el impacto de Podemos y ha forzado la convocatoria de elecciones anticipadas. Como ha tenido que reconocer la presidenta de la Junta de Andalucía, no es “el momento de los partidos, sino el momento de la gente”, que tiene que hablar a través de las urnas. A buen entendedor...

Esta crisis de legitimidad es la que explica el desbarajuste generalizado que está emergiendo en este comienzo de 2015

Y en España, en la que el terror del PP y del Gobierno ante el futuro ha desembocado en una legislación penal represiva, que nos retrotrae al siglo XIX. A las primeras décadas del siglo XIX. Los ministerios de Justicia e Interior a lo largo de toda la legislatura, pero sobre todo en estos últimos meses, con la reforma del Código Penal, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las devoluciones “en caliente” se asemejan cada vez más a los ministerios homónimos de la Década Ominosa.

El delirio represivo por el que se está deslizando el Gobierno y con el que parece pretender encarar este fin de legislatura y la celebración de los próximos procesos electorales añade incertidumbres que habíamos pensado que habían quedado atrás para siempre.

También en esto parecería que estuviéramos ante un fin de régimen y que la derecha española vuelve a las andadas. Afortunadamente, como escribía Elisa Beni (El Diario 21 de enero 2015), “sus despropósitos no serán perpetuos”.