¿Marca tendencia? Aún es prematuro

A estas alturas resulta una obviedad reconocer que la ley de partidos y la ilegalización de la izquierda abertzale fueron elementos de presión que jugaron un papel trascendental en el final de ETA. Lo mismo cabe decir del famoso auto del juez Baltasar Garzón que probaba que ETA era algo más que la banda armada que ejecutaba los atentados y extendía sus tentáculos a las organizaciones afines. Pero lo que fue válido a comienzos de este siglo —la ley de partidos se aprobó en la primavera de 2003 y el auto de Garzón, antes— ya no tiene por qué serlo una década después cuando ETA hace ya dos años y medio que cesó su actividad terrorista, aunque quede aún pendiente su desarme y disolución.

Por eso tiene interés la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a 40 miembros de la plataforma Gazte independistak por considerar que no está probado que su actividad está vinculada al terrorismo. Lo más importante de la sentencia es su nivel de exigencia. Para condenar a alguien por delitos terroristas no basta con su pertenencia a una organización como Gazte independistak. Habrá que demostrar su vinculación con el terrorismo.

De todos modos, resulta prematuro deducir de esta sentencia que están cambiando las pautas de la Audiencia Nacional en el tratamiento de las organizaciones abertzales. En primer lugar, habrá que esperar a la doctrina que emane del Tribunal Supremo ya que previsiblemente las acusaciones recurrirán ante él este fallo de la Audiencia.

Habrá que esperar, también, a la próxima sentencia, previsiblemente en un mes, de la Audiencia Nacional sobre las herriko tabernas, en la que se sentaron en el banquillo varias decenas de dirigentes y militantes de la izquierda abertzale bajo la acusación de financiar a ETA a través de los bares de la izquierda radical vasca. La propia fiscalía rebajó sensiblemente las penas de los encausados hace meses ante la debilidad de algunas acusaciones.

Queda, por último, el caso de Arnaldo Otegi y parte de la cúpula de la izquierda abertzale, encarcelada desde octubre de 2009 bajo la acusación de reorganizar Batasuna, pendiente de un recurso que tiene que dilucidar el pleno del Tribunal Constitucional. Baltasar Garzón, que entonces mandó a prisión a Otegi y sus compañeros, estima que es un caso a revisar. El Gobierno vasco, el PNV y el PSE han señalado reiteradamente que los hechos demuestran que Otegi trató de reorganizar Batasuna para lograr el cese definitivo de ETA. Por todo ello, resulta prematuro señalar que la sentencia sobre Gazte independistak marca una nueva tendencia.