El Poder Judicial retrasa a abril los informes del aborto y de la ‘ley Fernández’

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este jueves pedir al Gobierno una prórroga de 30 días para elevarle sus informes sobre las polémicas ley del aborto y de seguridad siudanana. Los ponentes de la Ley de Seguridad Ciudadana, la progresista María Victoria Pinto y el conservador Wenceslao Olea, ya han emitido un informe, conjunto, en el que avanzan que el proyecto estrella del Ministerio del Interior vulnera la Constitución en numerosos preceptos.

También se ha filtrado recientemente el informe preliminar elaborado por la vocal progresista Pilar Sepúlveda sobre la ley del aborto, en el que esta también considera que hay que retirar la norma por ser contraria a la Carta Magna. La otra ponente encargada de redactar junto a Sepúlveda el informe sobre la ley del aborto, la conservadora Carmen Llombart, no se ha pronunciado aún.

Fuentes del Consejo no descartan que sobre esta última norma haya dos informes: uno de Sepúlveda contrario a la ley, y otro de Llombart, favorable. Los informes definitivos sobre ambas leyes, que no tienen carácter vinculante para el Gobierno, han de ser sometidos a debate y aprobación en el Pleno del Consejo del Poder Judicial, donde el sector conservador afín al PP tiene mayoría absoluta.

Algunos vocales del Consejo están añadiendo recomendaciones a los informes sobre ambas normas, aunque los ponentes no tienen obligación de incorporarlas. En todo caso, los informes definitivos ha de aprobarlos el Pleno del Consejo del Poder Judicial, y nadie duda que los conservadores impondrán finalmente su sello.