El PP reivindica el consenso del 85 que nunca existió

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, garantizó ayer que, cuando el proyecto de Ley llegue al Congreso, su partido hará “lo posible para que la futura ley [del aborto] concite el máximo consenso como lo tuvo la del 85” que elaboró el Gobierno socialista de Felipe González.

La tramitación de aquella ley, que en realidad modificaba el Código Penal para introducir un nuevo artículo que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos, nunca contó con consenso sino todo lo contrario: fracturó la Cámara en dos mitades. La primera versión de aquella Ley fue aprobada en el Congreso el 6 de octubre de 1983 por 186 votos a favor (PSOE y tres diputados de la minoría catalana, entre ellos Miguel Roca), 109 votos en contra (del grupo popular, del grupo centrista, de la minoría vasca y del resto de la minoría catalana) y cuatro abstenciones (comunistas y Euskadiko Ezkerra).

 Esa Ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por AP, el partido en el que entonces militaban Rajoy y Aznar, lo que obligó a suspender su entrada en vigor. El Tribunal, con un empate a seis, declaró inconstitucional la Ley por el voto de calidad del presidente Manuel García Pelayo y sugirió en la sentencia las reformas necesarias para hacerla constitucional. El PSOE introdujo esos retoques en el Código Penal y en 1985 aprobó definitivamente la Ley, que ha estado vigente en España hasta 2010.

Pero esa versión definitiva de la Ley también tuvo en contra a AP y los centristas. Se aprobó por 187 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones. Nunca ha habido consenso con las leyes del aborto sino todo lo contrario. La norma que aprobó Zapatero en 2010 tuvo 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, Nafarroa Bai, BNG y dos diputados de CiU) y 158 en contra (PP, CC, UPyD, UPN y ocho diputados de CiU).

La reivindicación que Rajoy y Cospedal hacen del consenso de la Ley de 1985 tiene poco que ver con la actitud que AP mantuvo durante su tramitación. Primero la recurrió ante el Constitucional y, después, cuando se corrigió de acuerdo con la sentencia, AP también se opuso, aunque no volvió a recurrirla ni la cambió durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar (1996-2004).