El presidente del Constitucional: “No tenga dudas, seguiré en mi puesto”
La militancia de Pérez de los Cobos en el PP desató una ola de impugnaciones


El descubrimiento de que el Partido Popular colocó a uno de sus militantes, Francisco Pérez de los Cobos, como magistrado del Constitucional (TC) en diciembre de 2010 —es presidente de ese tribunal desde el 19 de junio pasado— sigue arrastrando polémica, aunque él se muestra impermeable a las críticas. “No tenga dudas de que seguiré en mi puesto”, aseguró ayer durante la inauguración de un curso de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Los periodistas le preguntaban por la posibilidad de que abandone la institución si es recusado por el organismo que preside para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. De los Cobos fue el coautor, en 2010, de un artículo periodístico que incluía propuestas que fueron recogidas en 2012 en la norma aprobada por el Gobierno. Con su respuesta negó cualquier posibilidad de dimisión como le reclaman desde el PSOE, CIU, IU, UPyD, BNG y Esquerra. Desde el 2002 realizó labores de asesoramiento en el PP.
Además de la reforma laboral, una ola de impugnaciones en diversos asuntos originada por su afiliación al PP, constatada entre los años 2008 y 2011, aguarda la respuesta del pleno del alto tribunal. Por ahora las defensas del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, y del secretario de LAB, Rafa Díez Usabiaga (por el caso Bateragune) han solicitado formalmente apartar a Cobo de los recursos sobre los que debe decidir. Lo mismo ha hecho el Parlamento catalán por la suspensión de la declaración soberanista y la Generalitat por 24 causas, muchas de ellas contra el Gobierno central. El exjuez Baltasar Garzón, por su parte, ha reclamado la anulación de las decisiones que el Tribunal Constitucional adoptó sobre su caso.
Andalucía y Asturias, así como el PSOE, también han dado pasos para intentar recusar a Cobos, que deberá decidir sobre cuestiones como el decreto antidesahucios o sobre la constitucionalidad de más de una docena de leyes impulsadas por el Partido Popular.
El aludido no quiere hablar, dice, por respeto a sus compañeros y al Tribunal: “No voy a hacer declaraciones que puedan incidir en su decisión”. El pleno del TC (formado en total por 12 personas) tendrá que evaluar si excluye a su presidente (él no podrá votar) de participar en cada uno de los recursos presentados. Si la respuesta es afirmativa, Cobos no podría intervenir en la tramitación de esos casos.
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