Los socialistas piden la dimisión del alcalde de Valladolid

Los socialistas de Valladolid han pedido la dimisión del alcalde, el popular Javier León de la Riva, después de que doce personas, entre ellas su anterior concejal de Urbanismo, hayan sido imputadas por alterar en 2003 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Cuesta creer que el alcalde no sabía nada", ha afirmado el portavoz del PSOE en el consistorio vallisoletano, Javier Izquierdo, "pero a mayores, si no lo sabía, demuestra que no sabe dónde tiene la mano derecha y dónde la izquierda, y así no se puede seguir al frente de un ayuntamiento".

Izquierdo ha calificado de "el mayor caso de corrupción urbanística en Valladolid" las modificaciones hechas en 2003 en más de 60 artículos y cinco planos de un PGOU que ya había sido aprobado por el pleno municipal. El portavoz socialista ha asegurado en un comunicado que se trata de una "auténtica trama orquestada a nivel municipal que ha promovido alteraciones subrepticias para beneficiar a particulares" y ha pedido que se asuman responsabilidades políticas.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha imputado a José Antonio García de Coca, exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento, a otras once personas y a cuatro empresas. El juez ha considerado en el auto la posibilidad de que se hayan cometido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios. Entre los imputados están el secretario municipal, Valentín Merino, técnicos de dos áreas del ayuntamiento y varios constructores locales. Las empresas supuestamente involucradas son Capitol Promociones, Parkosa, Progot y Vallenava Capitol, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El auto excluye León de la Riva, el arquitecto Pablo Luis Gigosos, los aún ediles Gonzalo Hernández y Manuel Sánchez, y otras cuatro personas que también declararon como imputados en el proceso, iniciado en 2008. El juez ha alegado que en sus casos "no se trata de la inexistencia de delitos", sino que no se ha confirmado que hayan participado en alguno.

Los argumentos desarrollados en el auto de imputación hacen referencia a tres aspectos claves. El primero es que no se tramitó el cambio del PGOU mediante revisión del mismo, en lugar de modificación. La segunda es que no se dio cuenta del texto único por el Pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para que sea examinado antes de que sea remitido para ser publicado. Por último, no fue controlado por la Consejería de Fomento antes de su publicación.