El juez Ruz concluye la investigación de la red de extorsión de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha finalizado la investigación sobre 14 acusados de integrar el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA y de cobrar el "impuesto revolucionario" a industriales y empresarios que han desarrollado especialmente su actividad en el País Vasco y Navarra.

Entre ellos, se encuentra el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Imanol Elosúa, su yerno Carmelo Luquin y varios empresarios que fueron procesados por efectuar pagos a la organización terrorista y no cumplir con su deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto.

Se trata del ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los exmiembros del Consejo de Administración José María Careaga, Francisco Elizalde, Ignacio Orbaizeta y Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad, Jesús Marcos Calahorra.

Según el auto, la red de extorsión de ETA operaba desde abril de 2004 en el bar Faisán de Irún

Estos directivos de la empresa Azkoyen fueron procesados en 2008 por pagar a la banda, entre 1995 y 2001, un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros), que fueron convertidos en divisas y entregados en al localidad francesa de Bert a dos terroristas.

El juez declara también conclusa la instrucción para Juan José Arruti, Alfonso Martínez de Lizarduy, Ramón Sagarzazu, Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo, José Carmelo Luquín, Ignacio Aristizábal y Jesús Iruretagayena, procesados por delitos de integración con organización terrorista, amenazas terroristas y omisión del deber de denunciar delito. Las partes tienen díez días para presentar sus escritos y la causa será juzgada por la Sección Primera.

Según el auto, la red de extorsión de ETA operaba desde abril de 2004 en el bar Faisán de Irún, regentado por Elosúa y su familia, constituyendo el "centro neurálgico" donde se recibían informaciones de naturaleza económica, se gestionaban los contactos con los empresarios extorsionados, se entablaban negociaciones sobre los pagos y se entregaban los recibos.

La recepción del dinero y la posterior entrega a los miembros legales del GEZI -aparato de extorsión de la banda- también tenía lugar en el bar Faisán.

El magistrado ha tomado esta decisión después de recibir este jueves la información solicitada a Francia sobre el recibo del pago de 54.000 euros hallado en el domicilio de José Antonio Cau Aldanur, imputado en Francia por estos mismos hechos.

Al quedar pendiente la práctica de varias diligencias referidas al grupo de "liberados" de la banda terrorista que componían el GEZI, el juez ha dictado una pieza separada que permanece en su Juzgado de Instrucción sobre María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto', Iñaki Arietalianiz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Zigor Merodio, Ainhoa Ozaeta y Ekaitz Sirvent.

Todos ellos se encuentran procesados por un delito de integración en organización terrorista y por 144 delitos de amenazas al entender que, ayudados por "miembros legales"' -no fichados por la Policía-, participaron en el envío de cartas exigiendo cantidades "arbitrariamente decididas" a los empresarios, en la gestión y en la negociación del pago del denominado "impuesto revolucionario".

Los integrantes de la red de extorsión, liderada por 'Anboto', fueron descubiertos tras hallarse sus huellas en 144 cartas codificadas con los sellos de la banda terrorista ETA que fueron intervenidas en el interior de un vehículo Renault Clio con matrícula falsa situado en la localidad de Taller en diciembre de 2003.