La fiscalía investiga ya los gastos de los viajes del presidente del Supremo

La Fiscalía General del Estado ha abierto ya una investigación al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, a raíz de la denuncia de uno de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, José Manuel Gómez Benítez, por presunta corrupción relacionada con viajes realizados en fin de semana a hoteles de lujo.

El teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, ya ha recibido un tomo con todos los expedientes administrativos sobre esos seis viajes de Dívar, así como las peticiones del vocal denunciante para acceder a dicha documentación.También le ha sido enviado el acuerdo del pleno accediendo a la entrega de esos datos, más las liquidaciones de gastos, tanto personales, como oficiales del presidente del Supremo.

El ministerio público había reclamado, además de las facturas, un informe al secretario general del Poder Judicial y otro a la interventora delegada de Hacienda del órgano de gobierno de los jueces sobre cómo se tramitan los viajes oficiales del órgano judicial.

A la vista de lo que el fiscal encuentre en los documentos remitidos por el Consejo, podría pedir más información, si así lo considera, o archivar la causa. En caso de que estime que los hechos denunciados revisten los caracteres del delito de malversación de caudales públicos que aprecia el vocal, deberá enviarlo a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, al estar aforado el presidente del Supremo. La fiscalía espera tener una decisión la semana que viene.

José Manuel Gómez Benítez denunció hace dos días ante la Fiscalía General del Estado a Dívar por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.

El escrito aportado por Gómez Benítez indicaba que el presidente del Supremo habría endosado al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.