Ocho detenidos por el caso de corrupción urbanística de Alcaucín

En febrero de 2009, agentes de la Guardia Civil registraron el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga, 4.200 habitantes) y detuvieron a su entonces alcalde, José Manuel Martín Alba, y a otras 11 personas. En la casa del regidor, bajo el colchón, los agentes hallaron 160.000 euros en metálico, que Martín Alba justificó como los “ahorros de toda la vida” como alcalde, albañil y cantaor flamenco. Sin embargo, aquella vez, la juez que ordenó los registros, Irene Urbón, atribuyó el dinero negro a comisiones por permitir los miles de viviendas ilegales que jalonan el término municipal, uno de los más castigados de la muy caótica comarca de la Axarquía, y mandó a Martín Alba, de nombre artístico Pepe Calayo, a prisión.

Tres años después, la Operación Arcos es una macrocausa con 55 imputados y nueve piezas separadas. Una de esas piezas, bautizada como Tristán, se ha destapado este miércoles. Ocho personas, entre ellas el exalcalde Martín Alba —expulsado del PSOE y ahora edil raso al frente de un partido personalista—, fueron detenidas por la Unidad Central Operativa del instituto armado (UCO). En esta nueva operación se investiga una supuesta trama para falsificar los registros del catastro con el fin de hacer pasar por urbanizables parcelas rústicas y así engañar a los compradores, generalmente extranjeros.

A las ocho de la mañana, los agentes irrumpieron simultáneamente en la Gerencia Provincial, en los archivos del catastro, en la sede del Patronato Provincial de Recaudación —dependiente de la Diputación—, en domicilios particulares y en el despacho del abogado Pedro José Grandfils, que también había sido detenido en la operación de 2009. En el Patronato, los agentes se incautaron de documentación de la unidad de gestión catastral posterior a 2001.

Los agentes, coordinados por el fiscal anticorrupción Valentín Bueno, detuvieron a un funcionario del Patronato y a dos exfuncionarios del catastro. El resto de los arrestados ya habían sido imputados en la Operación Arcos de 2009. Son el exalcalde Martín Alba, el abogado Grandfils, el arquitecto de la Diputación de Málaga José Mora, un exsecretario municipal de Alcaucín y un promotor inmobiliario. Otras siete personas fueron imputadas.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, los funcionarios del catastro y del Patronato de Recaudación, coordinados por Grandfils, “modificaban las bases de datos del catastro para introducir información falsa o cuando menos engañosa”. Con este procedimiento se buscaba “dar cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable”. A cambio de estas irregularidades, los funcionarios recibían una comisión que, según algunas fuentes, oscilaba entre 200 y 300 euros por modificación.

A los detenidos se les imputan delitos de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, estafa y blanqueo de capitales.