Los sindicatos buscan el manto de la defensora del pueblo

Saldrá, la reforma laboral saldrá, pero quienes se oponen la rodearán del máximo ruido posible. La izquierda parlamentaria, y, singularmente el PSOE, extenderá toda su capacidad de acción en las comunidades autónomas para denunciarla pero los sindicatos no le irán a la zaga. Estos saben que la batalla no la van a ganar, dada la mayoría parlamentaria del grupo que apoya al Gobierno, pero confían en ganar la guerra.

Esa victoria, en caso de llegar, tardará porque se tiene que sustanciar en el Tribunal Constitucional pero el tiempo no les va a hacer desistir. No son competentes los sindicatos para llegar a ese órgano institucional que vela por el cumplimiento de la Ley Fundamental por lo que se tienen que poner en manos de otros para que les representen. Y la decisión está tomada. Los líderes de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández-Toxo, se quieren poner bajo la advocación de la Defensora del Pueblo que sí tiene competencia para recurrir una ley del Gobierno. María Luisa Cava de Llano, que ocupa el puesto en funciones a la espera de que PP y PSOE pacten su sustitución o la mantengan, se encontrará con esta petición, después de que el Congreso convalide el decreto ley.

Forma y fondo; procedimiento y contenidos. Todos los aspectos serán escudriñados por los sindicatos al estar persuadidos de que los motivos de inconstitucionalidad pueden venir por el continente y el contenido. Así aguardan la presentación que el Gobierno haga en la tribuna del Congreso para justificar el porqué ha decidido que la reforma vaya como decreto ley y las razones que avalan esa fórmula de urgencia. En fuentes sindicales se tienen muy en cuenta las declaraciones esporádicas de miembros del Gobierno según las cuales esta reforma “no va a crear empleo”.

Entonces, ¿a qué viene la urgencia de un decreto ley? No es un divertimento o una finta burocrática ya que los sindicatos tienen muy presente que el Constitucional echó por tierra una de las reformas laborales del Gobierno de José María Aznar por estar contenida en un decreto ley, que no tenía justificación, según los magistrados. Desde luego, los argumentos de inconstitucionalidad por razones de fondo los tienen ya muy elaboradas. Los sindicatos utilizarán toda su capacidad de persuasión para que la Defensora del Pueblo se sienta concernida por esta “reforma injusta y agresiva”, como denuncian sin parar. Si Cava de Llano no lo estima conveniente, los sindicatos cogerán el cartucho clásico: la firma de cincuenta diputados. Los tienen y de sobra con los parlamentarios socialistas y de los partidos pequeños de la izquierda.